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En su escrito de acusación, el fiscal Antonio Romeral consideró acreditada la existencia de una "Caja B" con la que el PP se financió ilegalmente, pagó sobresueldos en negro, y las obras de remodelación de su sede central, cuando Mariano Rajoy ya estaba a la cabeza del partido.

Sin embargo, determina que el PP sólo tiene responsabilidad subsidiaria en los delitos relacionados a este caso, mientras acusa a Bárcenas, y su predecesor, Álvaro Lapuerta, por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. Para ellos pide cinco años de prisión.

Por su parte, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, afronta un pedido de un año y medio de prisión por falsedad documental y fraude fiscal, según fuentes judiciales citadas por la emisora Cadena Ser.

Asimismo, Anticorrupción reclama tres años y diez meses de cárcel para el arquitecto Gonzalo Urquijo, y para su socia, Belén García, quienes estuvieron a cargo de la remodelación de la sede del PP que se hizo con dinero en negro.

En tanto, contra el criterio marcado por el juez instructor, Pablo Ruz, el fiscal defiende que el PP no cometió un delito fiscal en 2008 por no declarar los donativos ilegales que recibió el partido y que ese año ascendieron a los 1,5 millones de euros.

La Agencia Tributaria de España emitió un informe que cifró esa evasión en 220.167 euros, aunque aseguró que no existe delito fiscal porque la fuerza conservadora está blindada por ley y no debía tributar por sus donaciones.

En cuanto a los donativos considerados legales, Hacienda indicó que ascienden a los 25 mil euros y, por lo tanto, no supera los 120 mil a partir de los cuales se considera delito fiscal. Este último criterio es el que defiende el fiscal Romeral.