La beneficiaria es sobrina del abogado especializado en derechos humanos Carlos Slepoy, quien a su vez fue prisionero político en la dictadura y terminó desterrado a España. El máximo tribunal revocó un fallo previo negativo, de diciembre de 2013, por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que consideró que la mujer "nunca se había exiliado, ya que nació en un país extranjero, por lo que no se encontraba acreditado el menoscabo efectivo a su libertad que repara la ley".

Antes de aquella resolución, el 3 de septiembre de 2013, el Ministerio de Justicia de la Nación también había denegado la concesión de la reparación solicitada, a pesar de que la apoderada de Villalobos Slepoy había alegado que sus padres "debieron exiliarse en España y que, en ese contexto, nació, y que era claro que en aquellos años su destino estaba unido al de sus progenitores, para quienes el exilio fue la única opción para salvar sus vidas".

Villalobos Slepoy nació en Madrid cuando su madre se encontraba radicada en España en situación de exilio forzado a consecuencia de la persecución que sufriera su familia y mientras su padre estaba detenido, a disposición del Poder Ejecutivo. Con esos datos, y citando su propia jurisprudencia, la Corte revocó el rechazo a la indemnización y virtualmente habilitó la vía para que le sea concedida. El fallo del máximo tribunal fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.