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En el operativo policial en el que se detuvo a Dirceu, la policía también confiscó una computadora personal y un móvil del exjefe de Gabinete y detuvo al hermano de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira, y a su ex asesor Roberto Marques.

El histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ya se encontraba cumpliendo con prisión domiciliaria en Brasilia, tras ser condenado a siete años y 11 meses de cárcel por comandar una red de pago de sobornos a legisladores durante el primer gobierno de Lula (2003-2006).

Ahora, los tres detenidos serán trasladados en las próximas horas a las instalaciones carcelarias de la policía federal en Curitiba, en el sur de Brasil, donde están centralizadas las investigaciones sobre los fraudes en Petrobras.

El blanco principal de esta etapa del operativo son los beneficiarios de pagos de sobornos vinculados a contratos con la petrolera y los testaferros utilizados en las transacciones. Todos los involucrados están bajo sospecha de haber cometido delitos de corrupción activa y pasiva, asociación para delinquir, falsedad ideológica y lavado de dinero.

Dirceu y su hermano son dueños de la empresa JD Consultoría. Según el portal del diario "Folha de Sao Paulo", Dirceu se convirtió en sospechoso en el caso Petrobras debido a que varias empresas constructoras presuntamente involucradas en los fraudes, realizaron pagos a su empresa de consultoría.

Entre 2006 y 2010, después de que estallara el escándalo del "mensalao" -el soborno de legisladores-, Dirceu recibió como consultor pagos por unos 39 millones de reales (unos 11,8 millones de dólares).

Asimismo, empresas investigadas por los fraudes en Petrobras le pagaron 9,5 millones reales (unos 2,87 millones de dólares) en la época en que la dirección de Servicios de Petrobras estaba a cargo de Renato Duque, nombrado en el cargo por influencia de Dirceu, y que también está encarcelado.

La sospecha es que algunos de esos pagos fueron en realidad sobornos que las empresas dieron para conseguir o mantener contratos con la petrolera. Dicha sospecha se basa en declaraciones de Julio Carmago, exejecutivo de la empresa contratista de Petrobras Toyo Setal.

Según Camargo, que está preso y colabora con las investigaciones, la empresa le entregó a Dirceu cuatro millones de reales (unos 1,2 millones de dólares), a pedido de Duque, a cambio de contratos.