Según Chile, que objetó el involucramiento de la CIJ, el tratado suscrito en 1904 tras el conflicto dejó resueltos todos los asuntos limítrofes entre los dos países, por lo que no cabe la intervención de la CIJ. Uno de los principales argumentos de Bolivia para haber llevado a Chile a la Corte en 2013 es que Santiago se habría comprometido en varias oportunidades a negociar con su país una salida soberana al mar.

Además, el gobierno boliviano ha precisado que de ninguna manera cuestiona el tratado, sino que pide, al margen de ese acuerdo, la competencia de la Corte para que ésta obligue a Chile a "negociar de buena fe" un acceso libre al océano Pacífico.

En la resolución del próximo jueves, la CIJ podría acoger la objeción de Chile, declararse competente para conocer el fondo de la demanda boliviana o dejar para el final del juicio un pronunciamiento respecto de su jurisdicción.