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El proyecto busca que el Estado garantice cobertura médica y atención psicológica para los sobrevivientes y familiares, y que se impulsen políticas públicas para que las víctimas finalicen sus estudios secundarios y puedan reinsertarse laboralmente, explicó Luciano Frangi, integrante de la coordinadora.

A once años de la tragedia, la única ley vigente de reparación para las víctimas rige exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires -fue aprobada en noviembre de 2013 por la Legislatura porteña - y deja “de hecho” a muchos de los sobrevivientes y familiares sin atención ni contención, ya que “la mayoría de los chicos vive en provincia”, aseguró otro miembro de la coordinadora, Martín Genauer.

“Hay sobrevivientes que viven en La Matanza que viajan dos horas a los hospitales de Capital para recibir atención y cuando llegan se encuentran con que el médico no asistió o no los puede atender”, relató Genauer, en diálogo con Télam.

Frangi agregó que "el único lugar donde se brinda tratamiento de estrés postraumático es el hospital Alvear, que está colapsado. Queremos que el Estado llegue al sobreviviente y no que el sobreviviente esté golpeando las puertas del Estado como fue en estos 11 años”.

La propuesta incluye la elaboración de un padrón completo y definitivo de las personas relacionadas con la tragedia, ya que el actual registro se basa en los beneficiarios del subsidio de 1.500 pesos, que otorga el gobierno porteño a 1.800 sobrevivientes y 194 familiares, que son los que se empadronaron “durante los primeros meses posteriores a la tragedia y luego se cerró”, precisó Frangi. Sin embargo, estiman que en Cromañón había unas 3000 personas, ya que esa es la cantidad de “tickets cortados”, apuntó.