Alejo Ramos Padilla rechazó la recusación que le formuló el gobierno nacional en la causa que frenó la jura de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al máximo tribunal. El abogado Leonardo Pérez había acusado al magistrado de tomar esa decisión por "su carácter de militante de Justicia Legítima y su cercanía geográfica y política con el actor", y consideró que esas circunstancias "comprometen su imparcialidad, independencia y objetividad".

Pero el juez replicó: "Podrá despertar en el recusante -Poder Ejecutivo Nacional- una mayor o menor simpatía el hecho de que los magistrados o funcionarios intervinientes del Poder Judicial pertenezcan a una u otra asociación pero ello jamás puede ser un motivo que los habilite para reclamar su apartamiento".

De aceptarse esa causal de recusación "se llegaría al extremo absurdo de que todos aquellos magistrados que han tenido algún tipo de participación en la agrupación Justicia Legítima -y/o cualquier otra que no fuera de su agrado-, estarían impedidos de resolver cualquier cuestión en la que esté involucrada el Poder Ejecutivo Nacional. Sería contrario a los más elementales valores que hacen al Estado de Derecho", sostiene el fallo.