Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI-CAMBIEMOS) le pidieron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la declaración jurada de bienes de los miembros del máximo tribunal, del encargado de las cuentas de ese cuerpo y de los jueces federales. También solicitaron al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, la información relativa a las empresas contratadas para la ejecución de obras y prestación de servicios por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo.

Carrió ya había denunciado por enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte, pero las investigaciones hechas por el fiscal Gerardo Pollicita determinaron que no había elementos para la sospecha y pidió el cierre de la investigación. "Creemos importante que todo funcionario debe hacer público su patrimonio", dice la carta enviada por Carrió y Sánchez a Lorenzetti. "No encontramos motivos para una respuesta negativa a la presente requisitoria, siendo que ayuda a afianzar la justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos", añadieron.

La solicitud se ampara "en el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que poseen jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Como asimismo en lo dispuesto por la acordada 9/2014 de la CSJN".

Puntualmente, en el escrito al que accedió la agencia DyN, Carrió y Sánchez solicitaron que "se proporcione las declaraciones juradas de todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", y de "todos los Magistrados del orden Federal, de todos los fueros, instancias y jurisdicciones", así como "la declaración jurada del Secretario General de Administración y titular del Comité de Inversiones y Alquileres".