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“Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro”, admitió la vicepresidenta, Gabriela Michetti, “para graficar bien” el momento que según ella atraviesa la Argentina bajo el gobierno que encabeza con Mauricio Macri. Hasta ahora, las principales promesas de campaña de Cambiemos todavía esperan por la llegada del segundo semestre. Página/12 se propuso contrastarlas con lo que aseguran estudios e informes de universidades, centrales sindicales y los sectores sociales a los que apuntaban las propuestas macristas.

- “Pobreza cero.” La batería de medidas macroeconómicas de los primeros tres meses de gobierno redundaron en que 1,4 millón de persones cayeran por debajo de la línea de pobreza. La publicación de abril del informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA –la casa de estudios donde se formaron Macri y varios miembros del gabinete– puso en cifras las consecuencias del ajuste, y puso al Gobierno a dar explicaciones. La consigna “nuestro objetivo es pobreza cero en la Argentina” repetida como un mantra por el Presidente durante la campaña, no sólo no se cumplía, sino que los pobres se multiplicaban. “Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad. Es una meta desde ya inalcanzable”, se excusó la semana pasada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante un brindis con periodistas en Casa Rosada.

Según estimó la UCA, la pobreza trepó del 29 por ciento registrado en 2015 al 34,5 por ciento en el primer trimestre de 2016, la cifra más alta en siete años. En abril, siempre según la UCA, bajaría al 32,6, pero el informe fue publicado antes del tarifazo a los servicios, que no fue contemplado pese a que el gobierno nacional ya lo había adelantado. “Una devaluación con ajuste de precios produce un aumento de la pobreza”, sentenció Agustín Salvia, director del estudio.

Para la UCA, una familia tipo con dos hijos necesitaba en marzo un salario de 7877 pesos para no ser pobre. Ese piso varía según las distintas consultoras. Para la junta interna ATE-Indec, un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores necesitaba, en el mismo mes, ingresos por 17.492 pesos para cubrir todas sus necesidades, y 5456 pesos para no morirse de hambre.

En plena discusión por la ley antidespidos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció que el salario mínimo llegaría a los 8060 pesos recién en enero de 2017, por lo que quienes cobran ese salario de pobreza quedaron afuera del mentado segundo semestre. En junio fue la primera cuota del aumento, que llevó el mínimo a 6810 pesos. Si se le descuentan los 5456 pesos de la canasta básica alimentaria según la junta interna de ATE-Indec, sobran poco más de 1300 pesos para afrontar gastos de transporte, alquiler, educación, salud, etc. Antes del primer aumento, el poder de compra del salario mínimo acumulaba en cuatro meses una caída del 4,4 por ciento y llegó a ser el más bajo en términos relativos desde 2006, según un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.

- “Vamos a generar 1.500.000 de puestos de trabajo.” Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo se contaban 154.570 trabajadores despedidos entre el sector público y el privado, y otros 47.933 suspendidos. La Came reconoció 120 mil cesantías en plena discusión de la ley antidespidos, mientras el Gobierno los negaba. Luego de vetar la ley, Macri prometió que en lugar de una ola de despidos habría una “lluvia de inversiones” que generaría “empleo de calidad”. La consultora Tendencias Económicas lo desmintió: durante los primeros quince días que siguieron al veto se produjeron 15.174 nuevas cesantías en el sector privado.

Lejos de crear puestos de trabajo, fue el propio Gobierno el que encabezó la ola de despidos con 33 mil empleados públicos cesanteados, acusados de “grasa militante”.

El Ministerio de Trabajo apeló a estadísticas basadas en el SIPA, el registro de aportes de trabajadores en blanco en la AFIP, para marcar un aumento de 26.256 empleos registrados entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Sin embargo, el SIPA muestra una pérdida de 22.035 puestos de trabajo si el cálculo se toma desde noviembre del año pasado y marzo de este año.

La situación se agrava si se tiene en cuenta el sector informal de la economía, uno de los más castigados –y reprimidos– por el Gobierno. Por cada trabajador en relación de dependencia que pierde su empleo, otros tres trabajadores de la economía informal pierden el suyo, según estima la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

“Para alcanzar la creación del millón y medio de empleos privados que propone Macri, la Argentina tendría que crecer por encima del 7 por ciento anual”, le dijo en plena campaña al sitio Chequeado.com la economista Nuria Susmel, de la consultora FIEL.

En la plataforma electoral de Cambiemos, se diagnosticaba que la Argentina no generó trabajo privado desde 2011 y se decía que “hace cuatro años que el país no crece”. Pero la economía se contrajo. El FMI estimó que la caída sería del 1 por ciento; el Banco Mundial, más entusiasta, pronosticó que sería del 0,5 por ciento. Los datos del oficialismo registraron una contracción del 0,6 por ciento en el PBI en el primer cuatrimestre y proyectaron una caída del 2,3 para este año.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que conduce el ex diputado Claudio Lozano estima que a la par de la reducción del salario real que implicaron devaluación, apertura económica y tarifazos, las principales medidas del primer cuatrimestre significaron una transferencia de recursos de 560 millones de pesos del trabajo al capital, a costa de un achicamiento de 125 millones en el PBI. A pesar de semejante nivel de ganancias, la mentada “lluvia de inversiones” nunca llegó. Incluso, la UIA situó una baja en la productividad para el período enero-abril del 4,7 por ciento, y las principales empresas del país continúan achicando su personal.

- “Vamos a bajar la inflación.” Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), en base a un promedio de los índices de precios de nueve provincias, la inflación acumulada entre diciembre y abril fue del 23,9 por ciento. El propio Banco Central, conducido por Federico Sturzenegger, estimó que entre septiembre de 2015 y septiembre de este año la inflación acumulada será del 40 por ciento.

Los tarifazos -negados por Macri en el debate electoral con Daniel Scioli- hicieron su aporte: el impacto de los aumentos en servicios y transporte, según Cifra, se trasladó en una inflación del 5,5 por ciento acumulado en abril. El paquete completo se tradujo en una caída del salario real del 12 por ciento.

En paralelo, mayo fue el quinto mes consecutivo de caída de consumo, según la CAME. Las ventas en los comercios minoristas no paró de caer: 2,3 por ciento en enero, 4,5 en febrero, 5,8 en marzo, 6,6 en abril y 9,2 en mayo. “Es el quinto mes consecutivo en que las ventas se retraen, empujadas por la pérdida en el poder adquisitivo de las familias”, concluye su último informe de coyuntura, que releva la actividad de 1310 comercios minoristas del país. “Las bajas anuales más fuertes se sintieron en: Electrodomésticos y artículos electrónicos (-19,6 por ciento), Bijouterie (-13,1), Materiales para la construcción (-12,7), Bazar y regalos (-11,9) y Ferreterías (-11,6)”, dice el informe. Los voceros del establishment económico insisten en que la baja del consumo es la apuesta del Gobierno para reducir la inflación.

- “En mi gobierno, ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias.” En conferencia de prensa el jueves pasado, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo que el Gobierno no tenía en agenda innovar en relación al Impuesto a las Ganancias. Más tarde era desautorizado por los diputados del oficialismo, que sellaban con Sergio Massa el acuerdo para incorporar al megaproyecto de blanqueo la excepción del impuesto en el aguinaldo. “Sabemos que fue una promesa de campaña”, se sinceró Prat-Gay sin conocer las negociaciones en el Congreso, y agregó: “Por ahora estamos conformes con haber subido el mínimo no imponible en diciembre”. Durante la huelga de 48 horas que amenazó con desabastecer de combustible las principales ciudades del país, el secretario gremial de Camioneros -uno de los gremios con más afiliados que lo pagan-, Marcelo Aparicio, acusó al macrismo de haber hecho “campaña con el Impuesto a las Ganancias” y de, “no hacer nada” después.

- “Vamos a otorgar un millón de créditos hipotecarios.” Macri prometió que no iba a “esperar ni un día” en lanzar un nueva línea de créditos hipotecarios. Seis meses después, en materia de vivienda apenas cuenta con el anuncio de relanzamiento del plan ProCreAr, parado desde diciembre. El encargado de diseñar los programas es el titular de la Anses, Emilio Basavilbazo, que llegó al cargo con el antecedente de vaciar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Hace un mes, al presentar una línea de crédito que, según explicó, requería un “ahorro previo del 20 al 30 por ciento” del valor del inmueble, recomendó a las familias que deseen acceder a la línea “hacer el esfuerzo de vender el auto” para poder pagarlo. El crédito más accesible es por 500 mil pesos.

- “No vamos a eliminar ningún derecho.”Tal como consignó Página/12, los despidos en el Estado dejaron desarticulados los principales programas del anterior gobierno destinados a cubrir necesidades educativas, de salud y hasta de subsistencia de las familias más pobres. El último comunicado oficial del Gobierno sobre el Progresar afirma que 600 mil jóvenes acceden al beneficio, cuando en noviembre eran 960 mil. Los despidos en el programa, denunciaron desde ATE, afectaron el trabajo sobre comunidades alejadas de los centros de la Anses donde se realizan los trámites de inscripción y se hacía seguimiento de la situación de cada chico. En Agricultura Familiar, que depende del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se desmanteló la cooperación entre el Estado y las organizaciones campesinas, y fueron recortados los fondos para el fomento de los pequeños productores en provincias como Chaco, Santiago del Estero y Misiones. Situaciones similares denunciaron delegados de los ministerios de Salud (fueron desguazados los programas de salud comunitaria y salud sexual y reproductiva) y Trabajo (fue afectado el programa Asistir). Universidades del conurbano como las de Quilmes y Arturo Jauretche (Florencio Varela) pelean contra una resolución del Ministerio de Educación que les quita el financiamiento para la camada 2016 del plan Fines.

Aún queda pendiente el “ingreso ciudadano universal” con que Macri prometía ampliar la Asignación Universal por Hijo. Si bien el monto de la AUH fue actualizado, “la suba de la canasta básica de alimentos erosiona notablemente las prestaciones e introduce a muchos beneficiarios debajo de la línea de pobreza e indigencia”, señala el investigador de Flacso Jorge Tirenni en “La Seguridad Social en Argentina a partir del cambio de gobierno (2015-2016)”, un estudio que forma parte un trabajo de investigación sobre las políticas de Estado.