[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El invierno actual ya apunta a ser uno de los tres más fríos de los últimos sesenta y cinco años, junto a los de 1954 y 1972. Eso es un problema para un Estado que debe garantizar el abastecimiento de gas a la población, que utiliza ese combustible como fuente principal para calefaccionar los hogares, contar con agua caliente y cocinar. Pero intentar aplicar un tarifazo del 1200 por ciento en esa misma temporada, luego rebajado al 400/500 por ciento, es injustificable y absurdo. Así lo entendió una población que reaccionó rápidamente en rechazo al brutal ajuste, mucho más rápido que una clase política a la que le cuesta encontrarle la puerta de entrada al debate. Desde el gobierno nacional, tampoco han demostrado mucha cintura para enderezar argumentos, que siguen centrados en demonizar los subsidios y dramatizar amenazando con el fin de la era del gas, si no se ajustan drásticamente los precios y las pautas de consumo. El análisis de la composición del sector gasífero, su oferta y su consumo, revela que hay otros puntos sobre los que actuar para conseguir mayor eficiencia en su utilización y abastecer las necesidades básicas de la población, sin necesidad de recurrir a un tarifazo a mansalva como el que se planteó.

Antes de echarle la culpa al invierno, conviene empezar por describir el cuadro de situación estructural. El gas constituye más del 60 por ciento de la matriz energética del país. De su consumo anual, 34 por ciento se quema en centrales térmicas (alimentando los motores para generar electricidad); el 29 por ciento es consumido por la industria; el 6 por ciento se convierte en GNC; el 27 por ciento se destina a consumo residencial y el 4 por ciento al comercio. De esos diferentes destinos, sólo los dos últimos, el 31 por ciento, son termodependientes. Es decir, varían con la temperatura ambiente.

Del consumo residencial de gas, aproximadamente el 56 por ciento se usa para calefacción de los hogares, el 33 por ciento en calentamiento del agua (calefones) y el 11 por ciento en cocción (cocinas). Lógicamente, por la dependencia térmica, este consumo residencial (junto al del comercio) sube mucho en invierno y, en uno tan frío como el actual, puede haber días en que llegue a representar más del 70 por ciento de la demanda. Una buena razón para buscar, desde una política de Estado, la forma de resolver el abastecimiento de la población en estas situaciones extremas, en vez de castigarlo con un tarifazo que haga el servicio inalcanzable para muchos o denunciar su “derroche”. Existen soluciones alternativas, pero afectan a otros sectores y, entonces, se necesita decisión política para tocar esos intereses.

Los expertos (no los ex secretarios de energía neoliberales que están directamente ligados al origen del problema, sino los académicos e investigadores del tema) sostienen que hay una estrecha relación entre el tipo de construcción de las viviendas y las necesidades de calefacción de la misma. Salvador Gil, ingeniero en Energía, profesor de la Universidad de San Martín, asegura que las nuevas construcciones, de paredes externas vidriadas, o que poseen aberturas sin persianas y paredes más angostas, aumentan notablemente la demanda energética para calefaccionarse. Esta tendencia es producto de la búsqueda de maximización de ganancias por parte de los constructores, pero va directamente en contra de una utilización más eficiente de los recursos por la sociedad. “Si se utilizara un sistema de etiquetado de las viviendas que salen a la venta, por el nivel de aislación térmica como ocurre en Europa, le permitiría al comprador comparar y evaluar la conveniencia, porque hoy quien compra una vivienda sin protección está adquiriendo una hipoteca energética que va a pagar en el tiempo a un costo que ahora es incalculable”, afirmó el investigador a Página/12. También recomendó que haya créditos subsidiados o “premios impositivos” para quien incorpora mejoras a su vivienda que aumenten el nivel de aislación. Al ser consultado sobre cuál sería la reducción potencial de consumo de gas para calefacción cambiando el grado de aislación de las viviendas, la respuesta fue sorprendente: “A la mitad”.

Aplicar esta política desde el Estado implicaría afectar directamente a los intereses de los grupos constructores, cuyo poderoso lobby se resistiría, si es que ya no lo ha hecho frente a algún área del Estado que lo puede haber propuesto, ahora o en el pasado reciente.

Pero incluso pensando en el ajuste de tarifas, desde la planificación del Estado hay otros caminos posibles que el que intentó el Gobierno con el tarifazo masivo. En otro trabajo hecho por el mencionado especialista, se verifica que hay una correlación prácticamente lineal entre la baja de la temperatura y el aumento del consumo de gas residencial (por cada tres grados centígrados que baja la temperatura, aumenta dos metros cúbicos el consumo promedio de gas en los hogares), que se repite en distintos centros urbanos del país como una regla. El otro fenómeno observado en el estudio es la alta concentración en la distribución del consumo por hogares: el 25 por ciento de hogares que más consume, absorbe el 46 por ciento de la demanda de gas residencial. El 25 por ciento que menos consume, tan sólo demanda el 13 por ciento.

Conforme a estos dos aspectos, Salvador Gil recomendaría que se fijara una tarifa más accesible para un consumo básico, de 500 metros cúbicos anuales (que variaría por regiones según la temperatura media local). Y a partir de ese nivel, cargar con una tarifa más cara principalmente al 25 por ciento que más consume. Con un nivel de consumo tan concentrado, considera el especialista, no sería necesario distribuir tanto el impacto de un tarifazo si hay un sector que “seguramente, está utilizando el subsidio para calefaccionar la pileta de natación” o en un consumo excesivo en residencias suntuosas. En su opinión, cambiar el sistema de categorización de los usuarios residenciales de gas no sería tan complejo, y con un riesgo mínimo de cometer las inequidades producidas por un tarifazo masivo.

El acontecimiento de un invierno inusualmente frío debería haber sido una oportunidad para revisar la estrategia oficial e hilar más fino en un tema tan delicado, en vez de utilizarlo como argumento para insistir en un camino intransitable. Aunque el gobierno asumiera la necesidad de pasar por la audiencia pública antes de volver a aplicar los aumentos, esta alternativa tampoco garantiza una política transparente y mucho menos que vaya a ser justa. El gobierno nacional ya se adelantó al planteo que, seguramente, vendría inmediatamente a la convocatoria de esa audiencia; del precio del gas en boca de pozo no se habla. El aumento que el gobierno le concedió a los productores, de casi el 100 por ciento en dólares, no se compadece con ningún estudio serio de variación de costos, y menos después de una devaluación del 50 por ciento. Otra decisión a favor de pocos, con consecuencias negativas y económicamente excluyente para muchos.