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Las pymes comenzaron el proceso de judicialización colectiva del tarifazo. La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) presentará esta semana una demanda que englobará a unas 65 cámaras y 10 mil pymes. La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, que depende de la CAME, hizo lo propio. También se están organizando entidades que agrupan a clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, recuperadas y comercios. Esas entidades, además, promocionan y asesoran para que se lleven a cabo demandas individuales para lograr la anulación del aumento tarifario que ya obtuvieron los usuarios residenciales a través del fallo de la Corte.

“El 50 por ciento de las pymes tiene un promedio de menos de 10 personas contratadas. A ese colectivo le cuesta acceder a estudios legales. Además de la falta de audiencia pública, en nuestro caso está en juego el empleo. Presentaremos un amparo colectivo y también trabajaremos para asesorar a cada empresa que quiera judicializar de manera individual”, dijo a este diario Ariel Aguilar, de la Cgera.

El presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Luciano Nerla, dijo que “dejar afuera a las pymes de la anulación del tarifazo nos parece arbitrario porque afecta básica y exclusivamente a todos los puestos de trabajo. Hay costos que no podemos asumir”. La entidad solicitó ayer una medida cautelar a la Justicia para “suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario a todos los usuarios no residenciales del servicio de gas hasta tanto exista sentencia definitiva en este proceso. “A través de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y nuestra entidad estamos haciendo un trabajo generalizado en todo el país cuestionando esta resolución”, agregó.

Ayer hubo una reunión de la “Multisectorial contra el tarifazo” en la cual se decidió “proveer de herramientas jurídicas para que cada sector pueda judicializar las tarifas por su cuenta”. Algunas de las entidades que se presentarán a la Justicia son la Unión Nacional de Clubes de Barrio, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) y otras por el lado de los centros culturales.

Del fallo de la Corte Suprema se desprende que en términos jurídicos cada usuario no residencial tiene altas chances de lograr un amparo en contra del aumento tarifario. Es que el principal argumento de la Corte fue que el Gobierno no realizó audiencia pública previa, tal como establece la ley. Esa omisión jugó tanto para los hogares como para los usuarios no residenciales. Pero la Corte anuló las subas sólo para los hogares. Uno de los principios que rigen en ese tipo de fallos colectivos es que los montos involucrados suelen ser bajos como para justificar que cada usuario realice una demanda individual. Opera la misma lógica que si un banco cobrara algunos pesos de más cada mes a sus clientes, en donde el reclamo individual pierde sentido.

En el caso de las empresas, incluso de las pymes, la situación es más heterogénea, porque hay micropymes en donde la suba tarifaria fue relativamente baja como para iniciar una demanda (lo que justifica la presentación colectiva) y también existen casos de siderúrgicas cuya factura de gas aumentó en cientos de miles de pesos.

Por eso, la presentación colectiva tiene un destino más incierto que la individual. Las chances bajan a medida que aumenta la heterogeneidad del colectivo. Recuperadas, centros culturales o clubes de barrio están mejor posicionados para litigar en conjunto. Las pymes en general, en cambio, comprenden un universo que cuadra menos en el amparo colectivo. Pero la dirigencia de estas entidades apuesta a la presentación colectiva. Eso permitiría que mayor cantidad de usuarios no residenciales acceda a los beneficios de un fallo pero además daría un impulso político a los reclamos de esos sectores.

Varios dirigentes pymes mantuvieron reuniones con abogados para encontrar la argumentación que justifique la presentación colectiva. “El fallo de la Corte sienta una doctrina que le es favorable a las pymes. El tema acá es que la carencia de audiencia pública nulifica todo el proceso de aumento tarifario. La lógica de la demanda colectiva es que el litigante individual no tiene acceso a la Justicia. La misma lógica debe aplicarse a las empresas más pequeñas. El Gobierno debería dar de baja el aumento para los no residenciales. Se quejan de la industria del juicio pero la están promoviendo”, señaló a este diario el diputado Héctor Recalde (FpV). De hecho, otro de los argumentos legales que se esbozan es la “economía procesal”: “No tiene sentido que hagamos 15 mil demandas por separado. Tiene que haber un caso colectivo que muestre la línea a seguir”, indican los abogados de las pymes.