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Empecemos por un resumen ejecutivo telegráfico, luego trataremos de desarrollar un tema endiablado. La Corte Suprema revocó por unanimidad la medida cautelar dictada en el juicio “Abarca, Walter José y otros contra Estado Nacional” suspendiendo el tarifazo sobre consumo de electricidad en Buenos Aires. El amparo regía solo para esa provincia, con vigencia hasta el mes de octubre. El fundamento es la falta de legitimación procesal de los actores.

No se define, ni podía definirse, el fondo de la cuestión: no se convalidó el aumento. Siguen en trámite otros pleitos en las demás provincias, también aquellos iniciados por otros reclamantes en Buenos Aires.

La sentencia no incide nada en la tramitación del cuadro tarifario del gas, en toda la Argentina.

El Gobierno recibe un respiro. El cambio es acotado, ya lo están magnificando las maquinarias oficial y privada de comunicación. La Corte siempre hace política y sabía eso.

El fallo pudo ser distinto y mejor. Extremó el rigor sobre una medida cautelar que se prolongaría poco más de un mes. En precedentes ilustres, ante reclamos de grandes corporaciones, obró de modo diferente.

El aspecto más positivo es que los cortesanos reconocieron (volvieron a reconocer) la pertinencia de acciones colectivas contra los tarifazos, demarcando sus requisitos. Queda por verse con cuanta severidad se los analizará. Un exceso de celo, un formalismo extremo pueden convertirse en la negación de derechos de los consumidores.

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El juicio se caratula “Abarca” porque así se llama uno de los demandantes, diputado del Partido Justicialista (PJ). Se sumaron al reclamo la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Club Social y Deportivo 12 de octubre de Quilmes (“12 de Octubre” o “el Club”, en adelante).

La Cámara platense les había reconocido derecho a representar al conjunto de los usuarios. La Procuradora General Alejandra Gils Carbó y la Corte coinciden en que ni la Defensoría, ni los diputados, ni el PJ están facultados para litigar en nombre de los usuarios provinciales. Se basan en jurisprudencia añosa y constante. La concordancia induce a este cronista a aceptar el criterio y focalizarse en la muy importante diferencia entre la jefa de los fiscales y los supremos.

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Según Gils Carbó, el pedido del modesto 12 de octubre es válido y, por eso, debe sostenerse la cautelar. La Corte opta por lo contrario. Está en juego la “acción colectiva” o “de clase”. Esto es, si esa entidad puede actuar en nombre de un sujeto colectivo más amplio. La Corte aceptó la vigencia de esa regla cuando decidió el tarifazo de gas, los hechos de los dos casos no son idénticos.

Los cinco magistrados piensan que no está acreditado que el Club represente a entidades barriales similares. No rechazan de plano la posibilidad: reenvían (bajan) el expediente a primera instancia para que el juez lo corrobore. Le reprochan a éste haber conducido mal los trámites. El pleito no está concluido, entonces, aunque retrotraerlo lo demora mucho.

Según los cortesanos, el Club ni siquiera invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia. Pero se debe verificar si representa a alguna categoría determinada de “clubes de barrio o de pueblo”. El tribunal admite que esos sujetos colectivos pueden actuar eficazmente en juicio y obtener una decisión que los comprenda en conjunto.

La Procuradora arguyó, con mejor criterio, que 12 de Octubre adhirió a una acción colectiva y pidió que se hiciera lugar a ella. Cuando el Club se presentó planteó textualmente “la grave afectación de nuestros derechos e intereses individuales, replica en una extensa y amplísima cantidad de casos idénticos, similares u homogéneos, de otros usuarios del servicio, con los que tengo una evidente comunidad de intereses”. El discurso se correspondía con el rumbo impreso al expediente en primera instancia.

Gils Carbó suma un argumento sólido: la llamada “economía procesal”. Confluyen, coexisten en este conflicto decenas de juicios, repartidos en juzgados y provincias diferentes. “Presentaciones realizadas por otros actores –organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”. Van avanzando, con velocidad y exigencias heterogéneas. Mantener la cautelar durante un lapso breve hubiera contribuido a ordenar esa maraña, con beneficios para los usuarios y hasta para el Estado. El perjuicio para la administración por la demora es inferior al derivado de dejar manos libres al Ejecutivo y a las concesionarias, que vienen dando sobradas pruebas de desmesura.

Es inevitable comparar la complacencia extrema que tuvo la Corte con cautelares eternas concedidas al Grupo Clarín versus la severidad que mostró ayer.

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La Corte aduce que el desorden es previo y que se dedicó a enderezarlo. Estaba en condiciones de hacerlo con mejor praxis y mayor sensibilidad social. Nadie es ingenuo en materia política, los sentenciantes saben que le dieron una mano al oficialismo y que este buscará sacar ventaja. Conocen la interpretación mediática que producen sus actos y, aunque finjan distracción, la provocan.

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La Corte Suprema, también ayer, rechazó intervenir en la causa “Fernández, Francisco Manuel y otros” en la que la jueza federal Martina Forns suspendió el tarifazo eléctrico en todo el país. El motivo es procesal: no era pertinente que Forns elevara la causa de primera instancia directamente al Máximo Tribunal. Procesalmente, es razonable.

Lástima que se le añade un mensaje a Forns, un prejuzgamiento apenas encubierto. La increpan a “que, sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos, (…) verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”. Le anticipan prematuramente que discrepan con su decisión. La ponen en la picota pública, un pressing abusivo reforzado por declaraciones “off the record ma non troppo” del presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti a sus habituales voceros periodísticos.

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En el corto plazo, esa cautelar de alcance nacional sigue en pie aunque, todo lo indica, va camino de ser revocada por otro juez o una Cámara más obediente.

Perviven los efectos del fallo sobre el tarifazo de gas y sus consideraciones. El aumento de la electricidad también debe ser gradual, no confiscatorio, jamás puede significar que el consumidor pierda el derecho de usar el servicio público por su onerosidad.

El gobierno puso las barbas en remojo respecto del gas. Habrá que leer con lupa el nuevo cuadro tarifario y las eventuales boletas de las empresas pero hay un compromiso de achicar los porcentajes de aumentos. La audiencia pública del 16 de septiembre debe trascender la mera liturgia. Hay un tufillo de simulacro en una convocatoria sola, en la que dudosamente podrán expresarse todos los interesados. Si así fuera, la judicialización vendrá como por tubo. Los tribunales inferiores y la Corte estarán en figurillas para alinearse verticalmente tras el Ejecutivo. La movilización social forma parte del repertorio de la sociedad en movimiento.

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Los Supremos se centraron en aspectos formales sin comprometerse en un activismo que fue regla con(tra) el gobierno anterior. No borraron con el codo lo que habían escrito con la mano pero le hicieron un guiño al oficialismo.

De cualquier modo, queda un mensaje para los organismos de defensa del consumidor, las Pymes, las agrupaciones que las expresan, los clubes de barrio, las cooperativas, las empresas recuperadas, las organizaciones sociales. Para pleitear o defender derechos constitucionales en el espacio público es forzoso amucharse, unirse, afinar los reclamos. Si se quiere, es recuperar el legado de los organismos de derechos humanos que también enfrentaron a gobiernos hostiles o desatentos y a un Poder Judicial conservador en promedio.

Cerremos el resumen ejecutivo inicial en clave futbolera. La Corte pateó la pelota al córner, el gobierno ganó tiempo y lo celebrará como un gol sobre la hora. El Tribunal gambeteó lo esencial, enroscado en los ritos que lo fascinan. El partido sigue: el resultado depende de la destreza y la inteligencia de los jugadores. Este cronista, confiesa, se ha hecho hincha de “12 de Octubre” por su garra y por cómo defiende la camiseta.

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