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La ley del arrepentido vuelve a Diputados con cambios del Senado

El Senado convirtió esta tarde en ley el proyecto de flagrancia y aprobó con modificaciones el proyecto de arrepentido, que forman parte del paquete de leyes anticorrupción impulsado por el Gobierno nacional. En el caso del proyecto de arrepentido, que contaba con media sanción de Diputados, deberá regresar a la cámara de origen para que se apruebe de manera definitiva.

Luego de dos meses de audiencias en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que concurrieron expertos en seguridad y derecho penal, los senadores, con amplio consenso de todos los bloques, resolvieron tratar la iniciativa en el recinto pero con algunos cambios.

Entre las modificaciones se establece que el acusado deberá brindar información veraz y propia (no proveniente de terceros), y que lo podrá hacer antes de la elevación de la causa en la que esté involucrado a juicio oral, para evitar las especulaciones acerca de la eventuales penas. También se determina que el imputado deberá denunciar delitos de los que haya participado y su confesión deberá ayudar a condenar a personas con similar o mayor responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pedro Guastavino, defendió algunos de los cambios a la iniciativa al argumentar que “algunos personajes hacen declaraciones que van entregando información a cuentagotas, con una actitud que parece distorsiva”. “No podemos permitir que especule. El momento de arrepentirse debe ser contundente, en la etapa de investigación y antes de la elevación a juicio”, destacó.

Por su parte, el senador por Cambiemos, Ernesto Martínez, cuestionó el nombre de “arrepentido” al decir que “es un mal título, porque me parece que debería llamarse ‘colaborador eficaz’”. El radical Luis Naidenoff opinó que “la figura del arrepentido puede ayudar mucho” y mencionó un informe que señala que “en la Argentina algunos casos de corrupción llevan más de veinte años sin condena”.

Virginia García, del FPV, en cambio, justificó su abstención a la medida al alegar el “principio constitucional de que nadie puede declarar contra sí mismo” por lo que llamó la atención de que “el imputado puede mentir”.

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