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El armado de sociedades comerciales, offshore y fundaciones es una obsesión del gobierno de Cambiemos y más aún el organismo que las autoriza y controla. Apenas asumió en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri impulsó una ley para traspasar la Inspección General de Justicia a la Ciudad. Hace siete años que esa norma está cuestionada en tribunales pero el gobierno nacional ahora decidió hacer caso omiso de la apelación judicial y ya anunció que están trabajando en las funciones que pasarán a la órbita de la ciudad el año próximo. El subinspector General de Justicia, Osvaldo Norte Sabino –quien proviene del estudio de abogados Marval, O’Farrell, Mairal, uno de los más grandes de la city– anunció la semana pasada en un coloquio en el Banco Central que están trabajando en el traspaso y lo justificó en que ahora Nación y ciudad pertenecen al mismo gobierno.

En la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia fue designado el abogado especialista en derecho societario Sergio Brodsky, acompañado por Norte Sabino. En la ciudad, nombraron a Hernán Najenson como director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas. Un cargo que, en rigor carece hasta ahora de funciones porque el traspaso de atribuciones del órgano que autoriza y fiscaliza la creación de sociedades está trabado en la Justicia.

En 2008, apenas se sancionó la ley en la Legislatura porteña, la entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, presentó una medida cautelar y un recurso de inconstitucionalidad. Durante siete años el expediente no tuvo definición hasta que Macri llegó a la presidencia: en febrero, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. La fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda apelaron la decisión y pasados cuatro meses la jueza no elevó el expediente a la Cámara. Mientras tanto desde la IGJ dan por resuelto el litigio.

Hecho consumado

El fallo apelado de Marra Giménez desconoce la legitimidad de la fiscalía para actuar en la causa pero no se pronuncia sobre el planteo de inconstitucionalidad. Quienes cuestionan la vigencia del nuevo organismo porteño recuerdan que la conocida como Ley Cafiero, la norma que determinó el alcance de la autonomía de la Ciudad, dejó expresamente en jurisdicción nacional el Registro de Bienes Inmuebles y la IGJ. En consecuencia es imprescindible modificar esa ley antes de avanzar en un traspaso.

La necesidad de “agilizar” los trámites es el argumento que esgrimen los hombres de Cambiemos. Llamativamente, quienes hablaron en nombre del nuevo organismo son los abogados de otro estudio jurídico, Cerolini-Ferrari especiliazado en “asesoramiento corporativo, derecho financiero y de mercado de capitales –tanto a nivel local como internacional–, así como también en litigios complejos, arbitrajes, sumarios y acciones de clase”, según reza su página web.

Entre los “avances” que promueven –según consignó el Cronista Comercial– prevén la eliminación de una serie de requisitos establecidos por resoluciones de la IGJ dictadas entre el 2003 y el 2005 para el registro de sociedades extranjeras. Esas normas apuntaban a cerrar los atajos a los que apelan para ocultar a los verdaderas titulares de esas sociedades y eludir toda responsabilidad según la legislación argentina. El estudio Cerolini explicó que en la práctica estas normas resultaban en una aplicación artificial de la ley argentina sin tener en cuenta la existencia de una enorme mayoría de sociedades que tenían motivos genuinos y no fraudulentos para haberse constituido en el extranjero.

El ex titular de la IGJ durante ese período, Ricardo Nissen, dijo a Página/12 que “eliminar requisitos es volver a los 90 y convertir al registro público en un buzón. No se trata solo de protección a terceros, el tema de las sociedades extranjeras es un tema de ejercicio de soberanía es decir quién puede intervenir en el tráfico corporativo de sociedades. El ideal que tienen es que nadie controle nada”. Nissen parafraseó al profesor titular de Derecho Comercial, Daniel Víttolo, para ejemplificar de qué se tratan los controles: “Si uno cuando va a los Estados Unidos, por ejemplo, tiene que sacarse hasta el cinturón, por qué un país no puede plantear las mismas exigencias a quiénes quieren instalarse en el país. El control hace bien, evita el abuso, indaga sobre si se tiene el capital para enfrentar la actividad, si los directores tienen capital”.

A pesar de la ansiedad de Cambiemos, la Justicia todavía tiene que pronunciarse.