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“Distorsiona”, dijo Juan José Aranguren al abrir las audiencias públicas por el precio del gas. Los subsidios y las tarifas accesibles “distorsionan”. Para el ministro de Energía, lo “natural” es pagar lo que piden las empresas y más aún, como hicieron con los fondos buitre. Lo “natural” es lo que no “distorsiona” sus finanzas, pero distorsiona y despluma el bolsillo de la gente. “El ministerio queda a su disposición” ofreció a los grandes empresarios Jorge Triaca, ministro de Trabajo, en el Foro de Negocios. En el mismo lugar, Alfonso Prat-Gay lo decretó: no se abrirán las paritarias “porque bajó la inflación”. Los dos ministros decían lo mismo con otras palabras: hay que bajar los salarios para bajar los costos de los empresarios. Hay que bajar los subsidios que favorecen a los ciudadanos para reducir los impuestos que pagan los empresarios. Y cuando dicen que el macrismo rompió el aislamiento se refieren al brutal endeudamiento que favoreció a los organismos financieros internacionales porque esa fortuna no se invirtió en infraestructura o en la producción. Para el macrismo, el país estaba aislado porque no se endeudaba, no porque estuviera aislado.

Sin excepción, han sido todas medidas para que las empresas ganen más y que la gente de a pie pague más y cobre menos. Esto se llama neoliberalismo, transferencia de riqueza de los que tienen menos a los que tienen más. No hay metáforas, es una crónica de los nueve meses de gobierno del PRO y la UCR. Neoliberalismo puro.

Esta idea, esencialmente extravagante, de que una “sociedad racional” –que no “distorsiona”– tiene que favorecer a un sector ultraminoritario en desmedro de la gran mayoría, es una ideología. Obviamente es la ideología de ese grupo favorecido, ultraminoritario, que es el capital concentrado. Pero para lograr que se produzca esa inconmensurable transferencia de recursos a su favor, debe convencer a la gran mayoría de la sociedad que los ceda alegremente. Le tiene que meter en la cabeza que cualquier opción es “irresponsable”, “populista”, “aventurera” o que es indefectiblemente “corrupta”. Y al mismo tiempo hacer que acepte que no se merece vacaciones, aire acondicionado, auto nuevo, ni buena educación o buena salud. Esa mayoría tiene que aceptar la idea de que ser rico es la objetivación de una cualidad que se ve premiada con privilegios que no merece el ciudadano común que no demostró habilidad o viveza para enriquecerse. Por eso, todos los funcionarios del macrismo son CEOs de grandes empresas, millonarios, y se autopromueven como ejemplo para la sociedad cuando se califican a sí mismos como “el mejor equipo de gobierno de la historia”. A diferencia de los que no son ricos, ellos presumen que saben, y que la confirmación de ese conocimiento es que hicieron plata.

Por eso no les parece vergonzoso que el ministro de Energía fuera presidente de la principal competidora de la petrolera nacional, y que además tuviera acciones en esa empresa. Y que la mayoría de sus colaboradores estén en una situación similar. Porque para Cambiemos, la función del Estado es favorecer a estas empresas a costa del dinero público y del bolsillo de los ciudadanos. Sean o no gerentes o accionistas, su función es favorecer a las empresas. No hay colisión de intereses. Al revés: si están involucrados personalmente funciona todavía mejor porque se agrega un incentivo particular al ideológico.

Convencer a la masa de ciudadanos para que entregue parte de su patrimonio y de sus aspiraciones es un esfuerzo cultural faraónico y sostenido. Para eso desarrollaron una red a veces pública, pero en su mayoría privada, de escuelas, colegios y universidades que forman cuadros profesionales e intelectuales con esa ideología, que luego se cementa con posgrados en universidades privadas de Estados Unidos. Ese sector minoritario financia a la gran mayoría del dispositivo mediático, cuyas grandes corporaciones forman parte de esas elites. En ese arsenal tienen a su disposición un ejército de periodistas que provienen de esas escuelas o mercenarizados, con grandes recursos materiales y de infraestructura.

En Argentina ese bombardeo sistemático consiguió convencer a una mayoría, la que ahora obligó a la otra mitad de la población a ceder patrimonios y salarios a las elites del capital concentrado. El neoliberalismo es la ideología del gran capital, del sector más concentrado, que termina por golpear a empresas y comercios chicos y medianos, además de destrozar a los sectores del trabajo. Tras la caída del muro, el neoliberalismo arrasó con el estado de bienestar y las socialdemocracias europeas se doblegaron al libremercadismo. El neoliberalismo exacerba al máximo la lógica capitalista y acorta el tiempo entre una crisis y otra hasta convertirla casi en una línea continua de destrucción, reconstrucción y vuelta a destruir. Con ese predominio del neoliberalismo, el mundo se degradó. Esa hegemonía produjo la crisis permanente de Europa, el terrorismo y las guerras desquiciadas en Africa y Medio Oriente, más las multitudinarias corrientes migratorias de pobres y perseguidos, o el surgimiento de un candidato primario como Donald Trump en la principal economía del mundo. Un Trump con muchas posibilidades de ganar porque como “empresario millonario” aparece como paradigma ejemplar en estas sociedades, igual que Macri. No hay ningún beneficio en sociedades polarizadas por brechas abismales entre ricos y pobres.

La fuerte derechización del radicalismo y el desconcierto de los socialistas santafesinos y de un sector del “progresismo”, que se sienten más próximos a la derecha neoliberal que de cualquier opción popular, los ubica en el mismo camino sin salida que las socialdemocracias europeas. Cuando el ayudante de la vicepresidenta Gabriela Michetti insulta a la ex presidenta Cristina Kirchner, asegura que no es de derecha, que es “socialista de Alfredo Palacios”. Es una persona elemental, pero funciona como exponente de la derrota cultural que sufrió esa socialdemocracia y ese “progresismo”. Uno es lo que hace, por más que diga o crea que piensa lo contrario. El que respalda o participa en un gobierno de derecha es de derecha, por más que le guste decirse “socialista de Alfredo Palacios”. Desde la época de la Alianza, este sector fue cooptado por el discurso de la inevitabilidad del neoliberalismo y el temor a confrontar con las corporaciones.

Las audiencias públicas se concibieron como herramienta de participación ciudadana en temas relacionados con los servicios, donde las empresas proveedoras son cuasi monopólicas o cartelizadas. Son pocas y no compiten entre sí. Aunque las decisiones de las audiencias no son vinculantes, el gobierno de Cambiemos prefirió ignorarlas porque no concibe que el ciudadano tenga parte en la definición de un precio que deberá abonar. Para el neoliberalismo, al precio lo decide “el mercado”, que en realidad son las empresas, porque no tienen competencia. En esa perspectiva, el gobierno se las salteó porque considera que las audiencias serían populistas. Aunque sus deliberaciones no los obliguen a nada porque no son vinculantes, para ellos, la audiencia de por sí otorga al ciudadano un derecho que no debería tener, por la “naturaleza” de la economía. Si se le da voz al ciudadano, se “distorsiona” el mercado.

Desde esa hegemonía tan instalada, supusieron que la Justicia obraría en consonancia con ellos. Pero ningún juez, desde Ricardo Lorenzetti para abajo, puede desconocer que las audiencias existen desde la Constitución de 1994 y son obligatorias desde 2003-2004, cuando fueron reglamentadas. El gobierno aceptó convocarlas a regañadientes.

Las audiencias públicas comenzaron ayer entre protestas porque muchos interesados quedaron fuera y además Aranguren se había negado a informar el costo de extracción del gas y otros datos sin los cuales cual resulta imposible especular sobre el valor definitivo. Con esas trampas burocráticas el gobierno dejó clara que su aceptación de las audiencias fue puramente formal. Por si quedaba alguna duda, el mismo día que comenzaron se conoció que habían acusado ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Martina Forns que frenó el tarifazo. El ataque contra la magistrada sirvió también a Cambiemos para lanzar una ofensiva contra el sector minoritario de jueces que no se encuadran en el diseño judicial oficialista. De todos modos Aranguren fue claro ayer: el tarifazo se va a aplicar en forma escalonada, pero hasta el último peso, con incrementos semestrales hasta el año 2019. Y aclaró que no serán necesarias nuevas audiencias “porque los aumentos serán fijados por el mercado”.