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El día martes 13 de septiembre se realizó una reunión entre la canciller argentina, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico, Alan Duncan, encargado para América Latina. Al finalizar el encuentro se dio a conocer una declaración conjunta en la que los británicos siguen resistiéndose a incorporar el tema de la soberanía de las Islas Malvinas en la agenda bilateral. Esta posición británica no constituye ninguna sorpresa, dado que hace muchos años que se niegan a incorporarlo al debate tal como lo establece la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que se refiere a la Cuestión Malvinas como una disputa de soberanía, a la vez que pide que el Reino Unido y la Argentina establezcan un diálogo bilateral para resolver esta disputa de manera pacífica y definitiva, teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Sin embargo, en el comunicado conjunto el tema de la soberanía queda totalmente excluido como tema de conversación.

El comunicado también se refiere a que habría avances entre las partes en algunos temas. El primero es la posibilidad de que haya vuelos entre las islas y terceros países. En la actualidad hay un vuelo semanal de LAN que sale de Chile y que una vez al mes hace escala en Río Gallegos, tanto a la ida como a la vuelta; es decir dos escalas por mes. En el comunicado se señala la posibilidad de sumar un segundo vuelo con escalas, duplicando de dos a cuatro las escalas mensuales en el territorio continental argentino.

Los isleños han manifestado en reiteradas ocasiones el interés no solo de tener más vuelos, sino además de que éstos tengan diferentes orígenes y destinos como por ejemplo Montevideo o San Pablo. Pero nunca han querido que avance la iniciativa que impulsó Argentina en los últimos años –y no estuvo lejos de lograrlo– de que el segundo vuelo fuera de una aerolínea de bandera argentina y desde territorio continental argentino a las islas.

En segundo lugar, según indica el comunicado, Argentina removería todos los obstáculos para la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, que son el principal interés económico del Reino Unido y los isleños. En definitiva, se permitiría la explotación de los hidrocarburos sin interferir y ayudándolos a la apropiación indebida de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.

En el año 2007, la Argentina dejó sin efecto el acuerdo con Gran Bretaña sobre explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur occidental firmado en 1995. Se trató de una fallida experiencia debido a las reiteradas y abusivas violaciones del entendimiento bilateral. Tampoco resultaría extraño que intenten avanzar en “remover los obstáculos” para la explotación ilegal de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur e incluso tratar de reeditar su viejo anhelo de llevar a la Argentina a ordenar “conjuntamente” la pesca en el Atlántico Sur, a partir de argumentos pretendidamente conservacionistas.

En la actualidad la legislación tanto en materia de pesca como en hidrocarburos penaliza a las empresas que actúen en territorio argentino sin permiso y eso, por supuesto, vale para las islas.

En consecuencia, lo que están pidiendo los ingleses –y según lo que trasciende del comunicado– lo que el gobierno argentino habría acordado conceder es eliminar las restricciones y sanciones a la explotación ilegal de nuestros recursos naturales no renovables y renovables. Creo que se trata de una concesión lesiva a los intereses nacionales.

Un aspecto positivo que se señala en el comunicado es que se avanzará en concretar el reclamo que se viene realizando desde años atrás, a pedido de los familiares, de identificar –con la colaboración de la Cruz Roja– los restos de muchos soldados argentinos que yacen en el cementerio de Darwin como NN.

Hasta el momento no se conocen los detalles del acuerdo y se supone que su aprobación está pendiente de un encuentro entre la primera ministra británica y el presidente argentino en Naciones Unidas la semana que viene. Resulta claro el interés británico en lograr las mejores condiciones para garantizar la explotación de los recursos de las islas, mientras que el gobierno argentino busca una mayor cooperación en algunos temas en los que no queda demasiado claro cuál sería el aporte por parte de Gran Bretaña ni el supuesto beneficio para nuestro país.

El acuerdo trata, nada menos, de desmontar las medidas legales que ha venido aplicando nuestro país para resguardar sus derechos y sus recursos naturales no renovables por tratarse, además, de acciones expresamente prohibidas por las Naciones Unidas. La Asamblea General llama, desde 1976, a las dos partes en la disputa a no modificar unilateralmente la situación mientras subsista la disputa que el Reino Unido hoy reconoce.

Con este primer paso, el Reino Unido avanza en una agenda que aspira a superar los logros que obtuvo la Argentina en años recientes. La sostenida protesta diplomática argentina, el creciente respaldo a los derechos soberanos argentinos en foros multilaterales, el fuerte apoyo regional a los derechos argentinos, el plan de acciones legales implementadas desde el Estado argentino y la continua denuncia del accionar unilateral británico en materia de recursos naturales, incluyendo la industria del petróleo, han constituido un motivo de preocupación para la Corona que a través de este acuerdo intentan neutralizar.

* Presidente del Parlasur, ex canciller.