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Las provincias no quieren ser las que afronten el costo de las promesas de campaña del gobierno nacional. De cara al debate del proyecto de la ley de Presupuesto de 2017 los gobernadores presionarán para que se rediscuta la coparticipación sobre el impuesto a las Ganancias, se distribuya un porcentaje del Impuesto al Cheque y se grave la renta financiera. La eliminación de distintos impuestos coparticipables durante la primera parte de este año, como las retenciones a la exportación de casi todos los granos, a la minería y a la industria, el impacto del reintegro del IVA a beneficiarios de planes sociales y la anunciada elevación del piso no imponible de Ganancias dejarán un importante hueco financiero a las provincias en el próximo ejercicio. Para compensar esa pérdida en las arcas provinciales ya comprometidas por la caída de la actividad económica, se reunieron gobernadores y legisladores justicialistas para acordar modificaciones en el presupuesto que permitan federalizar mejor el reparto de la torta de recursos.

Los mandatarios justicialistas de Salta, Juan Manuel Urtubey; de La Pampa, Carlos Verna; de Tierra del Fuego, Roxana Bertone; de Chaco, Domingo Peppo; de La Rioja, Sergio Casas, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet; se reunieron anteayer con diputados y senadores enrolados en el mismo espacio para analizar la manera de compensar la pérdida de recursos y la concentración de partidas en jurisdicciones afines a Cambiemos. El Ejecutivo nacional no incluyó las modificaciones sobre el Impuesto a Ganancias en el Presupuesto sino que lo presentará como un proyecto para que sea discutido en paralelo. Luego de que perdieran recursos por la eliminación de derechos de exportación, los gobernadores se mantienen en estado de alerta ante una nueva pérdida de recursos. “No queremos enfrentamientos con los trabajadores, quienes tienen todo el derecho de no pagar Ganancias, pero tenemos que rediscutir cómo se distribuye lo que ingrese”, señaló a Página/12 el presidente del Bloque Justicialista, el diputado Oscar Romero.

Desde el Senado se buscará entonces manejar los tiempos del debate para poder vincular los cambios en Ganancias con su impacto en los distintos presupuestos provinciales. “Nadie tiene mayoría absoluta (en el Congreso) así que va a ser una ley extensamente discutida”, aseguró Romero, quien también es dirigente de Smata. Para el año próximo el Presupuesto estima ingresos tributarios por Ganancias por un torta de 543,1 mil millones de pesos). Le sigue el impuesto a los créditos y débitos –conocido como Impuesto al Cheque– por el cual se estima que ingresarán recurso al Estado nacional por 164,9 mil millones de pesos, más que los 104,3 mil millones que se obtendrán por derechos de exportación luego de que se eliminaran retenciones este año. Por este motivo, los gobernadores justicialistas solicitarán que se coparticipe una parte del Impuesto al Cheque, que “se cobra en todo el territorio”, aseguró Romero.

También volverán con el pedido de que se grabe la renta financiera, más precisamente la compraventa de acciones, una vieja iniciativa del diputado por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, en un momento en el que la timba bursátil incrementó sus volúmenes. “También estamos viendo otros sectores que no tributan o lo hacen poco, como las bebidas alcohólicas o las gaseosas”, agregó Romero. En este último caso habrá mayor resistencia debido a que se trata de un impuesto que recaerá sobre un ya alicaído consumo interno.

Durante la reunión que mantuvieron anteayer los diputados y senadores justicialistas con los gobernadores en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI) se acordó pedir además condiciones más flexibles para poder tomar deuda, al tiempo que trabajan en una propuesta para crear un Fondo de Convergencia Federal. Cuando se discutió el endeudamiento de Nación para el pago a los buitres el oficialismo había logrado el apoyo de muchos gobernadores mediante la promesa de que podrían salir libremente a los mercados a conseguir crédito externo. Los gobernadores que presentaron en las últimas semanas propuestas para tomar deuda sostienen se les solicitan mayores requisitos y piden que se cumpla con lo comprometido en ese momento por el gobierno nacional.

Junto al pedido de que se refuercen los recursos a las provincias, los gobernadores pretenden poder manejar con más libertad de los fondos presupuestados. Con esa intención, el denominado Fondo de Convergencia que se buscará concretar el año próximo se nutriría a partir de dar de baja obras no prioritarias y redistribuirlos según distintos criterios, como necesidades básicas insatisfechas, nivel de desocupación de cada provincia o sus requerimientos de infraestructura. Los legisladores identificaron unos 22.000 millones de pesos en partidas para obras que no son prioritarias y que podrían ejecutarse con otro financiamiento y por fuera de las partidas presupuestarias. Por último, solicitan que los recursos se transfieran de manera automática, porque denuncian serias demoras en los desembolsos.