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El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó el decomiso de los casi 800 mil dólares que el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país sin declarar en 2007. El magistrado ordenó que el dinero sea destinado a "fines sociales reparatorios" y solicitó al Gobierno nacional que indica el destino de los fondos.

El juez remitió la orden al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que el Ejecutivo "establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa".

El caso de la valija estalló el 4 de agosto de 2007, en vísperas de la visita al país del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando arribó al aeroparque Jorge Newbery un avión privado contratado por la empresa estatal ENARSA que provenía de Caracas.

Allí viajaban dos funcionarios, el presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, y el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk y los pasajeros venezolanos Diego Uzcátegui, vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, su hijo Daniel, Alejandro Antonini Wilson y tres funcionarios de la petrolera.

Al pasar por la Aduana, Antonini dijo que transportaba libros, pero los controladores descubrieron en su valija casi 800 mil dólares, retenidos desde entonces.

Antonini Wilson permaneció tres días en el país, participó en la recepción oficial brindada a Chávez en la Casa Rosada, y luego viajó a Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente. Desde Miami, en 2008, declaró a la cadena de noticias CNN que el dinero secuestrado en el Aeroparque "era de PDVSA", e "iba para la campaña presidencial de la actual presidente, Cristina Kirchner".

En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó la prescripción de la causa y ordenó su reapertura, al aceptar un recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Gabriela Baigún.

La causa, caratulada "Uzcátegui Matheus, Diego Bautista s/contrabando", "Uzcátegui Specht, Daniel David s/contrabando" y "Uberti, Claudio s/contrabando", volvió al fuero en lo Penal Económico para continuar su tramitación en relación con el delito de "contrabando agravado", que contempla una pena máxima de 12 años de cárcel.