El mayor escándalo financiero y político ocurrido en Córdoba, con la quiebra de la empresa ilegal CBI Cordubensis y el suicidio de uno de sus directivos e integrante del gabinete del ex gobernador José de la Sota, se complica con una misteriosa foto del principal socio capitalista con el actual presidente Maurizio Macrì que se encontró durante un allanamiento: un Macrì aún con bigote abraza al financista Aldo Ramírez, uno de los 37 imputados cuyo procesamiento solicitó el fiscal federal Enrique Senestrari. También hay otra coincidencia entre ambos: Ramírez también es accionista y directivo de dos compañías offshore en Panamá, posible destino de los fondos negros lavados en Córdoba.

CBI era la mayor mesa de dinero de Córdoba, donde se lavaban fondos negros de diversas empresas y con vinculaciones políticas. El escándalo, del que son parte productores de soja, la principal concesionaria de sus preferidas camionetas 4x4, el municipio que concesiona el sistema de pago con tarjeta magnética del transporte colectivo y el mayor emporio comercial e inmobiliario de la provincia, también roza a dirigentes de los principales partidos de la provincia: el justicialismo del ex gobernador José de la Sota, que en la provincia gira con la denominación Unión por Córdoba; el ahora disuelto Frente Progresista Cívico y Social, del que en su momento participaron Luis Juez, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer; la Unión Cívica Radical del intendente de la capital Ramón Mestre (h) y el Frente para la Victoria, que en el orden provincial se denomina Córdoba Podemos. Su último candidato a la gobernación y ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello (otro de los grandes hallazgos del kirchnerismo en Córdoba), tenía una caja de seguridad con 290.000 dólares en la financiera clandestina, cuyo origen se investiga. CBI tenía una filial en Villa María, cuyo titular hasta 2012 fue Fabián Maidana, quien ese año asumió como presidente del Banco de Córdoba, por lo cual lo llaman el banquero de José De la Sota. En 2015, De la Sota le aceptó la renuncia, aduciendo que había concluido su mandato. Esto no disipó la sospecha de que el relevo se debía al estallido de CBI.

La foto de Macrì con Aldo Ramírez fue tomada en 2006, durante el campeonato mundial de fútbol que se disputó en Alemania. En ese momento Macrì aún era presidente de Boca Juniors, había sido derrotado en su primer intento por la jefatura de gobierno porteño y ocupaba una banca de diputado nacional en la que nunca pidió la palabra. Al año siguiente sería electo para gobernar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De Villa María al Vaticano

La quiebra de CBI Cordubensis se produjo en febrero de 2014, según los síndicos a raíz del abrupto retiro de sus depósitos por parte de uno de sus grandes clientes, uno de los mayores empresarios de hipermercados y la construcción, Euclides Bartolomé Bugliotti, conocido como Tati. En su hipermercado Dino, del barrio residencial Cerro de las Rosas, funcionaba una de las sedes de CBI. La otra estaba en el centro de la ciudad, a pocos metros del Banco Nación y de la Legislatura Provincial. Fuentes judiciales entienden que Bugliotti quiso forzar la quiebra de CBI para apoderarse del negocio ilegal. Con ese propósito creó Finandino, en un local enfrente al de CBI del Cerro de las Rosas, para cuyo funcionamiento como entidad financiera estaba tramitando la autorización del Banco Central, que le exigió pruebas de solvencia.

Al abrirse las cajas de seguridad de CBI se encontraron títulos valores propiedad de Bugliotti por 700 millones de pesos, que no fueron secuestrados porque no tenían relación con la causa pero que dimensionan la magnitud de su operatoria. En octubre de 2015 Macrì cerró su campaña como candidato presidencial en el estadio techado Orfeo, que está dentro del Dino del Cerro de las Rosas, de Bugliotti.

El fiscal Senestrari presentó cargos por asociación ilícita, estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero contra 37 personas, entre ellas Bugliotti y el financista Ramírez. Quien debe resolver es el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja (nieto), quien ya ordenó un embargo por 1700 millones de pesos, el doble del monto de las operaciones ilegales constatadas hasta ahora. Los únicos detenidos por el momento son el CEO de CBI, Eduardo Rodrigo; el operador de una mesa de dinero paralela, Diego Sarrafian, y Miguel Vera, amigo del ex intendente de Laguna Larga y luego Secretario Parlamentario del bloque Córdoba Podemos, Fernando Boldú. En los allanamientos se encontraron dos cajas de seguridad a nombre de Boldú, quien había autorizado a operar con ella a su jefe político Accastello. En una de esas cajas, además de los 290.000 dólares, había una indicación de que ante cualquier problema había que llamar a Verónica Navarro, secretaria de Economía y Finanzas de Villa María durante la gestión de Accastello, con quien ahora convive. Juntos realizaron la visita de estilo al Papa Francisco en el Vaticano, ella de negro como corresponde a una mujer decente. Navarro negó cualquier relación con la caja y Boldú dijo que “parte del dinero” le pertenecía y se originaba en una herencia. En la camioneta donde murió Suau también se encontró un recibo firmado por Boldú por un depósito de 10.000 dólares.

El primer juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro, había separado de la investigación a Bugliotti, pero debió dejar el expediente cuando se difundieron varias fotos en las que aparece abrazado con el empresario durante una fiesta muy divertida, con abundante cotillón. La Cámara Federal confirmó su imputación y el nuevo juez lo citó a indagatoria.

La carta del suicida

La investigación se precipitó a raíz del suicidio del vicepresidente de CBI Cordubensis, Jorge Suau, miembro del gabinete en el primer gobierno de José de la Sota. Suau apareció muerto en febrero de 2014 dentro de una camioneta Hilux, en la misma ruta a Alta Gracia donde meses antes fue hallado el policía Juan Alós, de Drogas Peligrosas, quien había sido acusado de connivencia con el narcotráfico. Alós tenía un tiro en la cabeza. Suau, en cambio, murió asfixiado con los gases del caño de escape, conectados con el interior del vehículo y con el humo generado por un intento de incendiar la camioneta Toyota Hilux. En ambos casos, las voces de ultratumba de los difuntos se hicieron oír con ayuda femenina. La madre de Alós declaró que su hijo le había revelado detalles de la relación entre policías y narcos de la que, dijo, él no quería ser parte. Sus denuncias forzaron la renuncia del Secretario de Seguridad, comisario Alejo Paredes. Uno de los detenidos por la quiebra de CBI, Miguel Vera, es amigo de Paredes y usa una placa de libre estacionamiento del gobierno provincial. La mujer de Suau entregó dos cartas que el suicida le dejó para la justicia federal, en la que revela detalles del funcionamiento de la financiera ilegal. Si bien no se discute que Suau se quitó la vida, nadie ha explicado cómo es posible que el cuerpo mostrara quemaduras pero la malla de baño con que fue hallado estuviera intacta. Ambas cartas, escritas en letras mayúsculas en una computadora, tienen el mismo texto y llevan como título “Lavado de dinero CBI Cordubensis. Ruta del dinero”. Una fue dirigida al fiscal Senestrari y la otra al camarista Ignacio Vélez Funes, con quien Suau había tenido relación en la Democracia Cristiana. Suau fue Secretario de Culto durante el primer mandato del gobernador De la Sota, cuando Oscar Félix González (ex secretario de Comunicaciones de Menem) era ministro de gobierno. Ahorristas que no pudieron recuperar sus depósitos en CBI declararon haber visto en sus oficinas a González, quien a su vez los denunció por falso testimonio. Según esos testigos, González se reunía con Suau en la sede céntrica de CBI y con el último presidente de la empresa, el también detenido Eduardo Rodrigo, en la filial de Cerro de las Rosas. La fiscalía no puso en duda su presencia en las oficinas de CBI, donde según los testigos pasaba detrás del mostrador e iba hacia las oficinas del fondo sin anunciarse, pero entendió que no constituía delito. Durante años hombre fuerte del delasotismo, González renunció a la conducción del bloque legislativo luego de la primera serie de allanamientos en toda la provincia, aunque conservó su banca. González admitió una relación de amistad antigua con Suau pero negó cualquier negocio con CBI y hasta desconoció su mera existencia. En la carta, Suau anuncia que lo sucedido le costará la vida y que no podrá acompañar el crecimiento de su hijo menor, explica que su propósito es que “esto no sea gratis para los ingratos, codiciosos” en quienes confió y que se enriquecieron utilizándolo, quienes “hoy dicen desconocerme y desconocer la situación” pese a que su “responsabilidad en la caída de Cordubensis es mayúscula”. El último día de vida de Suau quedó registrada una llamada telefónica a González. El primer presunto responsable que identifica el suicida es Aldo Ramírez, el compañero de viaje de Macrì a Alemania, “socio formal y fundador de la empresa, hasta 2012 director y presidente” y echa dudas sobre la cesión de sus acciones al último presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, a quien señala como responsable de los contratos de mutuos que celebró, consistentes en préstamos back to back. La justicia detectó 69 de ellos, por 24 millones de pesos pero se estima que es sólo una parte, ya que otros damnificados sólo se presentaron ante el expediente provincial de la quiebra, a cargo del juez Saúl Domingo Silvestre, para no llamar la atención de la AFIP. Los ahorristas defraudados no podrán recuperar el dinero negro que invirtieron atraídos por las altas tasas de interés: el remate de los bienes de CBI sumo apenas 300.000 pesos. Rodrigo era al mismo tiempo CEO de CBI y contador de la concesionaria Centro Motor, lo que facilitaba la circulación del dinero negro.

Halabo, Jotemi, Toyota financiera y la Municipalidad de Córdoba estaban exentos del impuesto al cheque.

El camino a Panamá

Pero además Ramírez también creó en 2003 la consultora Dritom Solutions, en la que era socio de Suau y de Julio César Ahumada, a quien la carta póstuma del suicida menciona como testaferro de la concesionaria y de la financiera de Toyota. Los mismos tres socios crearon la Compañía de Soluciones Corporativas, como agentes oficiales de Claro en Córdoba. En 2010, cuando todo eran sonrisas, la periodista Roxana Acotto, de La Voz del Interior entrevistó a Ahumada.

–¿Dritom es una consultora de qué específicamente? –quiso saber.

–De organización y procesos, eso también incluye estrategia y todo el tema del control de gestión. Luego hacemos trabajos especiales, planes de negocios, remuneración variable, entre otras cosas– fue la crìptica respuesta.

En 2012, Dritom se instaló también en Panamá, cuyas oficinas en el World Trade Center quedaron a cargo de Ernesto Raúl Doering, un cordobés que entre 1999 y 2004 fue secretario de minería de Catamarca durante las gobernaciones de Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Morán. El portal cordobés Striptease del Poder detectó en el registro empresarial Open Corporates otra sociedad panameña inscripta por Doering y Aldo Ramírez, Business Solutions Panama Group. En una nota de abril pasado, se pregunta si desde su creación, el 7 de septiembre de 2012, hasta el 31 de mayo de 2014 “último registro de retiro de fondos en el Banco Nación según AFIP, parte del dinero sucio de CBI no se ha fugado al exterior”. Añade que el único cliente declarado por Dritom Solutions de Panamá es Telecarrier, “perteneciente al holding de Stanley Carrier, principal accionista de Copa Airlines, una de las mayores empresas de aviones de pasajeros, que tiene garantizado los vuelos directos de Córdoba a Panamá” y se pregunta si esa no será la ruta del dinero de CBI hacia la guarida fiscal panameña.

Suau, Ramírez y Ahumada, socios en Córdoba y Panamá.
Suau ingresa a la sede de CBI.
El juez Bustos Fierro y el empresario Bugliotti, de fiesta.
El dinero llega en bolsos desde el Banco Nación.
Ya dentro de la financiera con los bolsos.
El dinero llega a la tesorería.
Allí lo recuentan y envasan para reiniciar el ciclo clandestino.