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El Poder Ejecutivo siguió sin dar ayer ninguna explicación a las acusaciones por espionaje contra los periodistas Gustavo Sylvestre y Mauro Federico. La denuncia original salió del sitio Adelanto24, vinculado con el ex espía Ivan Velázquez, quien estuvo procesado por hackear correos electrónicos de Cristina Fernández de Kirchner, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el ex canciller Jorge Taiana, Susana Giménez y otras figuras de la política y el espectáculo. A simple vista, todo parece una guerra entre espías y tendría como botín el tentador puesto de número 2 en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hoy ocupado por la ex legisladora Silvia Majdalani. No está claro si quienes espiaron o aún espían a Sylvestre-Federico son de la AFI o grupos de ex agentes, al estilo de Velázquez, que hicieron espionaje ilegal en su momento y aspiran a poner a su gente en la ex SIDE. El número 2 de la AFI es un puesto muy apetecible, ya que es quien tiene los hilos operativos de la inteligencia, mientras que el número 1, Gustavo Arribas, es más bien la figura institucional.

Sylvestre y Federico fueron alertados por el sitio Adelanto24, en el que Velázquez parece tener la voz cantante y retwitea todas las notas. El dio pruebas del supuesto espionaje de la AFI sosteniendo la existencia de dos informes de inteligencia en los que se ordenaba un seguimiento de los mails de los periodistas por supuesta “excesiva animosidad contra el oficialismo” o por “operaciones contra el gobierno de MM”. Claramente se ordenó o se concretó un espionaje político ilegal.

En un súbito cambio de parámetros éticos, Adelanto24 y Velázquez denunciaron el supuesto espionaje ilegal en perjuicio de los dos periodistas del grupo Indalo. Velázquez y su compañero Pablo Carpintero estuvieron procesados por integrar una asociación ilícita dedicada a “a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información” política, social, militar y económica que sustrajeron “por métodos de piratería informática” de correos electrónicos de funcionarios nacionales y diplomáticos entre agosto de 2006 y junio de 2008. Así formuló la acusación el fiscal federal Fernando Domínguez. En la asociación ilícita también estaba Juan Bautista Tata Yofre y entre quienes compraban la información surgida de los mails hackeados estaban Carlos Pagni, Roberto García, Edgar Meinhard y otros. En una movida asombrosa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que instruyó la causa durante años, anuló el expediente argumentando que se originó por un informante aportado por la ex SIDE, es decir que ella anuló su propia investigación pese a que sabía el origen de los datos desde el principio. Es vox populi que Arroyo Salgado está vinculada al famoso jefe de espías Horacio Antonio Stiuso.

Según se ve en el sitio de internet y en los tweets, Velázquez viene en furiosa guerra contra Majdalani y contra el ex jefe del Ejército César Milani. A veces también contra Stiuso. Pero el objetivo central es la señora 8 –la denominación que se le da a quien ocupa el puesto de número 2 en la AFI– que es la que maneja los hilos de las operaciones de la agencia.

También en el episodio de seguimiento y denuncia de Juan José Gómez Centurión en la Aduana se detectó la existencia de una guerra de espías.

Lo cierto es que a los dos periodistas les hackearon los mails y quien supuestamente está al comando de todo lo que tiene que ver con la inteligencia, legal e ilegal, es el Poder Ejecutivo. Si lo que se hizo fue legal, debe explicarlo, y si lo hizo alguien ilegalmente, también es el Ejecutivo el que debe esclarecer el hecho. En las 48 horas transcurridas desde la denuncia, ni la AFI ni ningún funcionario salió a dar una respuesta o siquiera una declaración sobre lo ocurrido.