"En el registro del cementerio existen 44 tumbas sin nombre y sin fecha y allí surge la sospecha de que son personas desaparecidas durante la dictadura", dijo Aníbal Ponti, ex detenido en la provincia de Chaco. Para las organizaciones que integran la Asamblea por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, "se debe investigar hasta las últimas consecuencias" el enterramiento de personas sin identificar en el cementerio de Quimilí.

"Se pidió a la Justicia Federal una medida de no innovar para preservar el cementerio de Quimilí y la intervención directa del equipo de antropología forense", precisó Cristina Torres, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

A principios de semana, las mismas organizaciones de derechos humanos apelaron la decisión del juez federal Ángel Toledo, quien ordenó la excarcelación del ex militar y jefe de Inteligencia santiagueño, Jorge D'Amico.

La medida adoptada por la Asamblea de los Derechos Humanos se concretó tras conocerse la resolución de Toledo, dictada días previos a presentar su renuncia al cargo para evitar un juicio político, dimisión que aún sigue sin resolverse. En la causa, que investigan desapariciones y violaciones a los derechos humanos en la década del '70, el ex fiscal Alberto Pravia había pedido el procesamiento de D`Amico, del ex cinco veces gobernador Carlos Juárez y su ex jefe de Inteligencia, Antonio Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena.

También se encuentran imputados los ex jefes militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi y los ex comisarios de la policía santiagueña Miguel Garby, Juan Bustamante, Ramiro López y Eduardo Baudano, detenidos en el Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional.

Fuente: Télam