Así lo determinaron los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun (el tercer miembro de la Sala II, Horacio Cattani no firmó por estar de licencia) al homologar una resolución en el mismo sentido del juez federal Sergio Torres, quien investiga las violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA.

En una resolución conocida esta mañana (y firmada el último día hábil antes del receso invernal) los jueces recordaron que hay "supuestos excepcionales" que habilitan la prórroga de esa medida cautelar y que "impiden una excarcelación automática" como pretendían los defensores del ex marino por llevar detenido más de dos años.

En siete carillas los magistrados señalaron que la "privación de la libertad cautelar debe estar relacionada con las circunstancias del caso" y afirmaron que es presumible que el ex marino "en caso de obtener la libertad intentará burlar la acción de la justicia".

También tuvieron en cuenta "la cantidad de delitos atribuidos y la evidente complejidad de la causa" como fundamento para "disponer la prórroga del encierro preventivo" y recordaron que fueron ellos mismos quienes confirmaron el procesamiento, con prisión preventiva, de Astiz por haber participado en más de una docena de secuestros.

Entre esos hechos se encuentran los secuestros de las religiosas francesas, de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti, y los de Angela Aguad, Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, María Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Remo Berardo y Horacio Elbert.

Los camaristas insistieron en la gravedad de los hechos imputados al destituido marino que "llevan a caracterizar su conducta como crimen contra la humanidad" valiéndose del "vasto, complejo y poderoso entramado clandestino conformado por fuerzas armadas y de seguridad que rodeó la comisión de estos delitos".

Las víctimas a las que se secuestró "fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde permanecieron privadas de su libertad y fueron sometidas a tormentos psíquicos y físicos", recrearon los magistrados, y estimaron en más de 620 hechos los individualizados por el fiscal Eduardo Taiano.

"La gravedad y características de los hechos, el compromiso social de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, la imposible reparación del daño causado, la calidad de las víctimas y los riesgos procesales son extremos que autorizan la prórroga concedida", enfatizaron los miembros del Tribunal de Alzada.

Al homologar la prórroga del encierro preventivo, los jueces también tuvieron en cuenta la "gravedad del delito imputado, en particular por la especial condición de integrante de una fuerza armada que atentó contra bienes jurídicos fundamentales de la población civil local y por la utilización de medios estatales contra víctimas nacionales".

Fuente: Agencias