El juez federal Daniel Rafecas resolvió anular los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem a cuatro militares uruguayos acusados de setenta casos de secuestros y torturas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor en Buenos Aires durante la última dictadura. El magistrado sostuvo que los decretos que beneficiaron a los represores son inconstitucionales, porque los delitos de lesa humanidad, según la Constitución Nacional y el derecho internacional, no son amnistiables. Mientras siguen vigentes, advirtió, Argentina incumple con sus obligaciones internacionales “de investigar y eventualmente castigar a los autores” de esos crímenes.

Como próximo paso, Rafecas pedirá la semana que viene la detención y extradición de los militares. El capitán Jorge Silveira y el mayor José Gavazzo ya están presos en Montevideo por otras dos causas que tramitan en la Justicia porteña, en las que se investiga su responsabilidad en el Plan Cóndor y en la desaparición de María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman. El mayor Manuel Cordero estaría en Brasil, con pedido de captura pendiente. El comisario inspector Hugo Campos Hermida falleció.

La investigación de Rafecas es parte de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército y apunta, específicamente, a los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Orletti, que operó en el barrio de Flores durante 1976, en un local alquilado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El ex agente Aníbal Gordon fue uno de los que comandó la patota. Tenía allí una oficina con un retrato de Adolf Hitler y las siglas de la Triple A.

Silveira y Campos Hermida pertenecieron al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de Uruguay, que funcionó entre 1971 y 1985, integrado por militares, policías y civiles, que también intervenían en la represión ilegal argentina. Gavazzo y Cordero eran del Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo, que actuaba con la SIDE. Todos ellos pasaron por Orletti y se les imputa el secuestro y tortura de setenta personas. La mayoría eran uruguayas y muchas siguen desaparecidas. También estuvo allí Marcelo Gelman, hijo del escritor.

Los cuatro represores habían estado procesados en esta causa antes de recibir el indulto, en 1989. La resolución de Rafecas invalida ese beneficio, al que inscribe entre las “estrategias desplegadas sucesivamente a lo largo de las últimas décadas que han frustrado sistemáticamente todo intento de avance en la búsqueda de justicia frente al terror de Estado”.

El juez califica los indultos como “esfuerzos para consagrar la impunidad” y explica que violan la ley local e internacional. Son contrarios a la Constitución, dice, que establece que no es indultable “el ejercicio de la suma del poder público, el ejercicio, en definitiva, del poder tiránico”. “Las privaciones ilegales de la libertad en centros clandestinos de detención y los tormentos son sólo una de las manifestaciones del ejercicio del poder tiránico”, señala. Por ser crímenes de lesa humanidad, agrega, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles e inindultables. Y advierte que de esos pactos se desprende la obligación de los Estados de “juzgar y castigar a los responsables de tales crímenes”. Invalidar los indultos, concluye, es necesario para “poner fin a la violación de los deberes internacionales en que el Estado ha venido incurriendo”.

El pedido de extradición tramitará con los que ya pidieron los jueces Guillermo Montenegro y Norberto Oyarbide por el Plan Cóndor. Si la Justicia uruguaya los admite, el gobierno de Tabaré Vázquez puede vetar la decisión.