El tribunal arbitral del Mercosur les puso fecha a las audiencias de testigos y alegatos en la demanda por los cortes de ruta que Uruguay impulsa contra la Argentina. Se realizarán el próximo 9 y 10 de agosto, en Montevideo. Allí los representantes del Gobierno buscarán probar que las protestas contra las papeleras no violaron el Tratado de Asunción, ya que el tránsito por la frontera –aunque con inconvenientes– nunca estuvo cortado de manera total. Plantearán además que en el período en conflicto, Uruguay no sufrió pérdidas, lo que se refleja en que el comercio bilateral y el turismo a la República Oriental crecieron con respecto a la temporada anterior.

Las audiencias se harán a puertas cerradas. El miércoles 9 estará dedicado a escuchar a los testigos, cuyos nombres están siendo definidos en estas horas. Su función central, dijeron fuentes de la Cancillería, será la de respaldar la documentación económica: “Lo ideal sería un técnico, no funcionario, que explique cómo durante el período de la controversia” el país vecino “elevó sus exportaciones y recibió más turistas”. En el Gobierno evalúan también presentar a un ambientalista de Gualeguaychú para que explique a los árbitros cómo funciona la asamblea; el objetivo es despegar al Estado de los bloqueos de los puentes, remarcando la independencia de los manifestantes con respecto al Gobierno. “En la asamblea sólo tienen voz y voto los ciudadanos rasos, a ningún funcionario se le permite votar”, ejemplificaron los consultados.

Los árbitros deben laudar antes del 7 de septiembre. ¿Qué pueden sostener? En el peor de los escenarios, que el gobierno argentino omitió cumplir con la conducta debida al no impedir los cortes de ruta. Si los árbitros laudan en este sentido, la administración de Tabaré Vázquez podrá presentarse a la Justicia común para reclamar una indemnización por daños, que el Uruguay estima en 400 millones de dólares.

Otra posibilidad es que el tribunal declare que, de repetirse los bloqueos, el Gobierno estará obligado a hacerlos cesar en forma inmediata. Sin embargo, en Buenos Aires esto es considerado poco probable. “Ese es el punto más débil de la demanda uruguaya, es realmente difícil que un tribunal establezca una obligación para el futuro”, señaló un allegado al equipo legal que prepara la defensa.

En la audiencia del jueves 10 se escucharán los alegatos. Uruguay dirá:

- Que el Gobierno no actuó en Entre Ríos, a diferencia del rol que sí asumió en otras oportunidades. La denuncia menciona el caso de Santa Cruz, donde los petroleros fueron sacados de la ruta por la Gendarmería, y el de una manifestación en los subterráneos porteños reprimida por la policía.

- Que con los bloqueos, el 90 por ciento de los camiones con carga de la flota uruguaya quedó “atrapado”.

- Que la corriente de turistas argentinos bajó a la mitad.

Los datos de la Cancillería argentina son opuestos. Sostienen:

- Que no existió perjuicio económico por las manifestaciones. El comercio bilateral creció en un porcentaje similar e incluso superior a la tendencia de los últimos tres años. El crecimiento del intercambio (importaciones y exportaciones) fue del 39 por ciento.

- Que el turismo argentino a la República Oriental creció. En el primer trimestre del 2005 cruzaron a Uruguay 325 mil personas, mientras que en el mismo período de este año pasaron 338 mil, es decir 13 mil turistas más.

- Que la libertad de expresión es un derecho humano que tiene primacía por sobre la libre circulación de bienes. Así lo sostiene la doctrina internacional y lo han refrendado los abogados de la Cancillería, en una postura que generó reacciones no sólo en el Uruguay sino también en la Argentina, donde existen unos tres mil procesados por cortar rutas. Entre los juicios en curso está el de la docente Marina Schiffrin, condenada por cortar la ruta en defensa de la escuela pública, cuya situación está en estos días a resolución de la Corte Suprema.

- Finalmente, los abogados plantearán que toda la demanda es abstracta, puesto que los cortes terminaron antes de que Uruguay solicitara la formación del tribunal. En esa línea dirán, incluso, que es indiferente si los bloqueos continúan, porque la posición argentina es facilitar el comercio y favorecerlo.