Los tres árbitros -el argentino Carlos Barreira, el uruguayo José María Gamio y el español Luis Martí Mingarro- se juntarán desde hoy en la capital uruguaya pese a que la Argentina había pedido que las reuniones se realizaran en Asunción y no en Montevideo. El Tribunal debería resolver el reclamo uruguayo antes del jueves próximo, acorde con los plazos legales que establece su normativa.

El reclamo fue presentado por el gobierno de Tabaré Vázquez el 3 de julio, después de que Argentina presentara un pedido de medida cautelar en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para que se suspendan las obras de construcción de las plantas de las pasteras Ence y Botnia por considerarlas contaminantes.

Uruguay reclama al gobierno argentino no haber tomado ninguna acción para impedir los cortes de ruta en la frontera, argumento que Argentina rechaza por considerar que buscó en todo momento la disuasión de los cortes y brindó vías alternativas de comunicación en los momentos de tensión.

Argentina sostiene que no existió perjuicio para Uruguay en materia comercial, ya que las estadísticas indican que en los meses que tuvieron lugar los bloqueos, aumentó el comercio bilateral, la actividad turística y el transporte de bienes. La defensa consigna también que el gobierno argentino defendió la libertad de expresión de los manifestantes, y su derecho a elegir dónde ejercer su protesta.

El gobierno uruguayo afirma que las pérdidas que ocasionaron los cortes en su economía alcanzan los 400 millones de dólares y que el gobierno argentino tendría que haber utilizado la "fuerzas" para disolver los cortes. Mientras tanto sigue su curso la demanda presentada por Argentina en La Haya en la que señala a Uruguay como responsable de haber violado el Estatuto del Río de la Plata, que ambas naciones firmaron en 1976 y que regula las actividades en ese recurso fluvial compartido.

Argentina sostiene en su demanda que Uruguay incumplió sus deberes al autorizar en forma unilateral la instalación de dos plantas de procesamiento de celulosa sobre la margen oriental del Río Uruguay, frente a las costas de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Este modelo industrial es considerado contaminante por los organismos de defensa del medio ambiente nacionales e internacionales, y por lo tanto requiere de estudios de impacto ambiental.

Fuente: Télam