La medida, que incluyó un embargo de 1.500.000 pesos, fue dispuesta por el juez en lo penal federal Julián Ercolini, quien responsabilizó a Ruffo por privación ilegal de la libertad y tormentos en 65 casos, entre ellos los de Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi.

También figuraban entre las presuntas víctimas de Ruffo -detenido hace un mes en el barrio de Palermo, de esta capital- Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

Ruffo -alias "Capitán" o "Zapato"-, que estaba prófugo de la Justicia, está sindicado como lugarteniente del fallecido Aníbal Gordon, otro ex agente de inteligencia y miembro de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Esas iniciales (AAA) fueron visualizadas por el personal judicial que en julio último, en el marco de un operativo, realizó una inspección en el taller mecánico de la calle Venancio Flores 3.519/21 del barrio de Floresta de esta capital, donde, entre mayo y noviembre de 1976, funcionó el centro clandestino de detención.

Ercolini, quien reemplaza al juez federal Daniel Rafecas en la causa por delitos cometidos en la órbita del Cuerpo I del Ejército durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, consideró probado que Ruffo junto a otros ya procesados por esos hechos, sometió a los detenidos a "condiciones infrahumanas".

Según constancias de la causa, los detenidos habrían sido "tabicados", y privados de poder comunicarse con el exterior y entre sí, sujetos a esposas o a otros medios de menoscabo de libertad ambulatoria, "bajo el temor de ser permanentemente castigados, torturados o asesinados".

En su resolución Ercolini expuso que los detenidos en Automotores Orletti fueron "privados de la mínima alimentación indispensable y condiciones de higiene, expuestos a la desnudez y sometidos a padecimientos de connotación sexual, ya por haber sido víctimas de ellos o por haber presenciado los mismos".

Uno de los tormentos consistía en colgar a los detenidos -tabicados y desnudos con las muñecas esposadas hacia atrás-, de una cadena que, sujetada por un gancho, suspendía a las víctimas a unos 30 centímetros del piso.

En esas condiciones se les colocaban cables en la cintura, pies u otras partes sensibles del cuerpo por donde se hacía pasar electricidad, mientras se les arrojaba agua para intensificar el shock eléctrico.

Hace algo más de dos meses, en la misma causa, fueron procesados el comodoro retirado Horacio Guillamondegui, el coronel retirado Rubén Víctor Visuara y los ex agentes de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

Automotores Orletti habría servido como centro clandestino de detención de ciudadanos uruguayos, ya que de acuerdo a la pesquisa, la mitad de las victimas serían de esa nacionalidad.

A principios de la década del 70 las dictaduras que gobernaban en América del Sur habrían pactado el denominado "Plan Cóndor" para perseguir a opositores políticos más allá de las propias fronteras. 

La "megacausa" por ilicitos cometidos en jurisdicción del Cuerpo I del Ejército, al igual que la que se instruye por hechos registrados en esa misma época en la Escuela de Mecánica de la Armada, se reabrió en setiembre de 2003, luego que el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Fuente: Télam