Podría decirse que la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción fue escenario propicio para que el Gobierno y empresarios del sector expresaran su mutuo amor sin pudores. Néstor Kirchner y Julio De Vido reivindicaron como motor de crecimiento económico a la obra pública, que desde el 2002 al 2005 creció un 812 por ciento, repunte al que hay que añadirle un 57 por ciento correspondiente a este año. Los hombres de la CAC aplaudieron casi compulsivamente el discurso presidencial y reivindicaron esa política que supone a la infraestructura como “una inversión y no un gasto”. Pero con cautela y en privado van por más: ahora esperan que haya una liberación de precios que les permita traducir automáticamente los aumentos en sus insumos al valor final de los prolíficos contratos.

Resultó notorio el contraste entre el clima de este encuentro, en el Hotel Sheraton, y el que el año pasado tuvo lugar en el Panamericano. La prosperidad del sector era casi la misma. Pero entonces el ex ministro de Economía Roberto Lavagna conmocionó el evento que se repite en noviembre desde hace cincuenta y cuatro años al denunciar presuntos sobreprecios y cartelización en contrataciones de Vialidad Nacional. Un golpe tanto para las empresas como para el titular de Planificación, un amigo de la Cámara.

“Ustedes son una de las locomotoras de nuestro desarrollo”, los ensalzó De Vido. “Respondieron atinadamente al aumento de la demanda con un aumento de la oferta. Por el contrario, hay sectores concentrados que son demandantes de inflación”, los distinguió. “Gracias por haber creado 540 mil puestos de trabajo”, añadió el ministro poco antes de rematar su discurso con un párrafo sugerente.

“A quienes nos injuriaron, nos agraviaron, les quedará el peor de los desprecios, que es el olvido”, cerró el titular de Planificación. Lo hizo después de resaltar logros macroeconómicos y enumerar extensamente las obras públicas ejecutadas, por 12.120 millones de pesos, y en ejecución, y sin dar señales precisas de quiénes son los aludidos detractores. Pero en ese escenario no faltó quien pensara en Lavagna.

No faltó casi nadie de la plana mayor del Gobierno para el cierre del evento, en cuya apertura matutina estuvieron la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el secretario de Obras Públicas, José López. Por la noche la nómina de visitas oficiales se completó con el vicepresidente Daniel Scioli, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Una deferencia que deben celar otras organizaciones empresarias.

Kirchner fue aplaudido de pie por el auditorio, que interrumpió cinco veces su discurso para celebrar las ideas con golpes de palmas. La primera, cuando reafirmó que “la obra pública es un elemento de reconversión y no un gasto improductivo”: del 40 por ciento del crecimiento, señaló, el 15 se debe a la construcción. La segunda, cuando fundamentó la necesidad de mantener un superávit fiscal primario, no excluyente con la posibilidad de gastar más. “Se puede hacer obra pública y mantener el superávit fiscal”, sentenció el Presidente.

Los constructores también celebraron con aplausos la idea de que en el país “no hay mejoramientos milagrosos” y de que los argentinos amanecen más tranquilos liberados de las otrora recurrentes misiones del Fondo Monetario Internacional después de que Argentina canceló su deuda. Pero tampoco ocultaron su empatía con la gestión presidencial cuando Kirchner reivindicó su estrategia de girar al exterior los fondos santacruceños, en parte nutridos por el cobro de regalías. “Los fondos están a disposición del actual gobierno –aseguró–. Otras provincias dilapidaron y hasta malversaron ese dinero.” Aplausos.

Los estudios técnicos de la CAC prueban que tiene un lugar prioritario la inversión privada. Aun así, no hay quien deje de celebrar la notoria expansión de la obra pública, rubro que algunas empresas explotan en exclusividad. Para esto tienen el aliento del decreto de “redeterminación” de precios del año 2002, por el cual los contratos se recalculan en cuanto sus costos suben un 10 por ciento promedio o más.

Pero esta especie de cláusula gatillo, que en plena emergencia económica surgió como un verdadero privilegio para los contratistas del Estado, hoy es considerada por mucho de ellos como un obstáculo para traducir a sus precios finales cada ajuste en sus insumos. “Tenemos que absorber los aumentos de costos y aguantarlos hasta un promedio del 10 por ciento”, se queja más de un uno, comenzando por el asesor legal de la cámara Julio Crivelli.

Para colmo de males, según la óptica empresaria, ese recálculo se aplica sobre el 90 por ciento del contrato, ya que el resto se considera la utilidad. Los constructores, según parece, tienen buen poder de persuasión. El secretario López ayer dio indicios de que la “redeterminación” de precios está por terminar.