La policía, por orden judicial, apoyó el operativo de desalojo dispuesto por el juez Omar Facciuto, pero el procedimiento se demoró, en tanto funcionarios del gobierno porteño intentaban una negociación.

El predio de casi media manzana está ubicado en esquina de las calles Río Cuarto y Mar Dulce, lindero con el Riachuelo y a una sola cuadra del puente Alsina.

Allí 62 familias, unas doscientas personas entre ellas muchos chicos, de bajos recursos económicos, se instalaron asegurando haber sido estafados por una persona que se habría hecho pasar por el dueño.

Inclusive una mujer dijo haber pagado 7 mil pesos por un lugar en el terreno, donde fueron levantadas decenas de casillas.

Alrededor de las 11, la propietaria del predio, Liliana Espósito, médica que se desempeña en el hospital Penna, confirmó que había llegado a un acuerdo con los ocupantes, gobierno porteño y justicia mediante.

En el lugar se labró un acta en el que los ocupantes se comprometieron a entregar el terreno en 40 días, a fines de febrero, mientras el gobierno porteño iniciaba un censo para determinar de qué forma les encuentra lugar de residencia.

"Soy una víctima y esta gente también es víctima. Hubo una estafa pero yo no sé nada de eso", dijo la mujer, quien se negó a recibir dinero que le ofrecían como una especie de alquiler las personas que residen desde hace tiempo en el lugar de su propiedad.

"No acepté dinero porque no me corresponde. Ese es mi lugar y el lugar de mis hijos", dijo Espósito.

Es que en las horas que se llevaron negociaciones, en las que también participó un sacerdote, los ocupantes ofrecieron pagar 12 mil pesos en 60 días y luego entregarlos.

Finalmente acordaron que podrán quedarse hasta 40 días sin aportar dinero.