Los magistrados Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña escucharon los argumentos que durante casi ocho horas expresaron ayer diputados del MAS, Podemos, UN y del MNR, pero sin alcanzar un acuerdo.

Tras la acalorada y accidentada sesión para autorizar o rechazar el juicio de responsabilidades, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, declaró a las 0.30 de la madrugada un cuarto intermedio en el debate hasta las 9 de hoy, informa un despacho de la agencia de noticias estatal ABI.

El ambiente se recalentó cuando la diputada opositora Lourdes Millares, de Podemos (Poder Democrático y Social), exigió la expulsión del abogado acusador del Poder Ejecutivo, Martín Luis Burgoa, por entender que carecía de una carta notariada que lo habilitara para representar al presidente Evo Morales.

La postura fue respaldada de inmediato por el diputado podemista Arturo Franco, lo que ocasionó la reacción de los legisladores del MAS.

Esta vez el amague de pugilato pasó a la confrontación entre legisladoras de la oposición y del oficialismo, que no pasó a más por la inmediata intervención de otros congresistas.

El hecho obligó a Novillo a declarar cuarto intermedio en sala y a pedir al acusador a que abandone momentáneamente el Hemiciclo, quien tras una intensa discusión jurídica regresó al lugar, donde continuó la sesión.

Después que el abogado acusador, Martín Luís Burgoa, ratificara la acusación del Presidente de la República conforme lo establece la ley, los acusados se defendieron.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Elizabeth Iñiguez, dijo que no corresponde el juicio en su contra porque su trabajo es honrado y de servicio a la Patria, por lo que no es justo que sean tratados como "recogidos de la calle".

"Yo pienso que el hecho de haber trabajado tanto en la educación, tanto en el estudio, de haber construido una institución desde cero y haber permanecido en el trabajo tantos años, de haber hecho tanta jurisprudencia, no corresponde el trato", dijo.

Por su parte, la magistrada Martha Rojas, manifestó que las acciones realizada por el Tribunal Constitucional son producto de una responsable administración de la justicia. "El último juzgador será Dios, no somos vacas sagradas que no juzguen, pero que se lleve un proceso valedero y legal", señaló

El magistrado Walter Raña cuestionó el procedimiento realizado en la Cámara de Diputados para juzgarlos, porque no forman parte de un tribunal colegiado.

"Sabemos que es un juicio político y los juicios políticos no van porque el Poder Legislativo no puede usurpar la función del Poder Judicial. (...) Dios salve Bolivia de lo que ahora pueda pasar en adelante, soy inocente", señaló.

De su parte, el magistrado Artemio Arias denunció que existe una flagrante vulneración de sus derechos y garantías constitucionales que les otorga la ley.

"Estas vulneraciones son denuncias emitidas de parte de nosotros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Serán estas instancias las que juzguen a los padres de la Patria que hoy ofician de honorables diputados", señaló.

Tras la defensa de los miembros del Tribunal Constitucional, 40 legisladores opositores y oficialistas se anotaron en la lista de oradores para opinar sobre la decisión de la Comisión de Constitución de la Baja que recomendó un juicio a los cuatro magistrados; quedaron 29 para cuando hoy se retome la sesión.