La movilización concluye esta noche con un acto en el Teatro El Galpón, en Montevideo, con el auspicio de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. El secretario de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT, Luis Puig, explicó que el objetivo principal de la iniciativa "no es que vayan más militares a la cárcel", sino que la sociedad uruguaya "no siga manteniendo una cultura de impunidad", puntualizó un despacho de Ansa.

La ley cuestionada, llamada de Caducidad, fue aprobada en 1986 por el Parlamento con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y con el rechazo del Frente Amplio, de izquierda y actualmente en el gobierno, y no pudo ser anulada por un referéndum popular convocado dos años después.

La ley impide juzgar y condenar a militares y policías que durante el régimen de facto cometieron secuestros, torturas, asesinatos, ocultamiento de cadáveres, violaciones de prisioneras y apropiación de niños, entre otros crímenes.

Durante dos décadas, ningún uniformado fue procesado por estos graves delitos, pero al asumir en 2005 el gobierno del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez comenzó a aplicar el Artículo 4 de la Ley de Caducidad que excluye de su protección a delitos que se iniciaron fuera del país.

Así fue que se comenzó a investigar el destino de unos 40 urugayos que fueron secuestrados en Buenos Aires y trasladados por aire y agua a Uruguay, explicaron fuentes de organismos defensores de derechos humanos.

Actualmente, once militares y policías esperan sentencia en una cárcel especial, seis tribunales investigan numerosas denuncias de asesinatos y desapariciones de opositores, y el gobierno ordenó realizar excavaciones en cuarteles militares en búsqueda de tumbas clandestinas.

La Coordinadora por la Nulidad de la Ley se instaló el 21 de noviembre de 2006 y está integrada por el PIT-CNT, el Servicio de Paz y Justicia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las agrupaciones políticas Nuevo Espacio y Partido por la Victoria del Pueblo, integrantes del Frente Amplio.

Los organizadores esperan reunir 250 mil firmas, suficientes para convocar a una consulta popular sobre la anulación de la ley, aunque esta decisión también puede ser adoptada por el Parlamento, que actualmente tiene mayoría absoluta del Frente Amplio.