El pedido fue hecho esta mañana por el embajador argentino ante Uruguay, Hernán Patiño Mayer, al canciller Reinaldo Gargano, informaron fuentes oficiales de ambos países.

En el contacto personal de Patiño Mayer con Gargano, producido en Montevideo, el diplomático expresó "la importancia de contar con las investigaciones del episodio y evitar su repetición", de acuerdo con las fuentes argentinas.

Un funcionario de alto nivel de la Cancillería uruguaya indicó que Gargano "tomó nota" de la inquietud e "informó" del pedido al presidente Tabaré Vázquez".

En tanto, un vocero del ministerio del Interior indicó que la ministro del Interior, Daisy Tourné, "requerió un informe de lo sucedido al Estado Mayor de la Policía Nacional", cuyos efectivos fueron testigos directos del episodio.

Cuatro asambleístas de Gualeguaychú denunciaron ayer que el domingo fueron objeto de una suerte de "apriete" de parte de habitantes de Fray Bentos, cuando se disponían a regresar a Entre Ríos tras la actividad que cumplieron en Nueva Palmira.

La denuncia involucra a efectivos policiales, pues según los asambleístas José Pouler y Jorge Fritzler "liberaron el terreno para que la gente se mueve a su gusto".

Los activistas entrerrianos dieron cuenta de que la situación "habrá durado unos 5 minutos", pero también dijeron que llegaron a sentirse "secuestrados" al verse rodeados por una quincena de particulares.

Las personas que abordaron a los asambleístas, según diversos testimonios argentinos y uruguayos, son damnificados de Fray Bentos por el corte permanente del puente binacional General San Martín que lleva adelante la Asamblea de Gualeguaychú.

Fuera del eje de Botnia, la planta pastera que construye esa empresa finlandesa en Fray Bentos, el clima entre habitantes de cada lado del río Uruguay se complicó a medida que se extendió el conflicto argentino-uruguayo.

Por esa razón, el gobierno de Tabaré Vázquez dispuso prohibir las concentraciones y manifestaciones de argentinos específicamente en Fray Bentos y, en llegado el caso, en todo el territorio uruguayo.

Para esto, Tabaré Vázquez recurrió a una Ley que data de 1897, por la que cualquier tipo de movilización o concentración pública requiere de una autorización oficial específica, según detalló el vocero de la cartera política.