En breves declaraciones a la prensa en los tribunales federales de Comodoro Py, Menem afirmó que "hace ocho años que me fui del gobierno y todavía siguen con este tema" y, al ser consultado si consideraba que la causa era una forma de persecución política que "no me siento perseguido por nada".

Sin embargo, frente al magistrado y al fiscal Gerardo Pollicitta, el actual senador riojano rehusó contestar preguntas y se limitó a presentar un escrito en su descargo que suscribe su defensor Pedro Baldi.

Acompañado por su defensor y su custodia, el ex presidente había llegado a los Tribunales de la zona de Retiro minutos antes de las 10 y se dirigió directamente al tercer piso del edificio donde permaneció escasos 15 minutos.

Tras la frustrada indagatoria, Menem, con paso lento, vestido con traje, camisa celeste y corbata verde oscura, caminó los metros que lo separaban del ascensor que lo volvió a llevar a la cochera subterránea donde había estacionado el vehículo que lo condujo a los tribunales.

El ex mandatario había sido citado inicialmente para el 5 de noviembre pero solicitó una postergación de la audiencia que le fue concedida por el magistrado, quien volvió a convocarlo para hoy.

Menem aparece imputado en esta causa ante el "grado de sospecha suficiente, no sólo acerca de la existencia y

financiamiento" de esos pagos ilegítimos sino por su vinculación con la "ideación e instauración" del sistema.

Ballestero consideró que "durante todo el período en el cual (Menem) ejerció la presidencia funcionó en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional un sistema de distribución de dinero entre los funcionarios" que se haría desde la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete.

En una extensa resolución de alrededor de 100 carillas, Ballestero, el 11 de septiembre último al citar al senador riojano, afirmó que "se ha acreditado la elaboración y puesta en práctica" de un sistema por el cual se destinó "dinero público para el pago de sumas" que se repartían entre los funcionarios.

En ese sentido, se estimó en más de cuatro millones de pesos (dólares de entonces) que estaban inicialmente destinados a "cubrir gastos de organismos con competencia en tareas de seguridad", los que fueron "sustraídos" para engrosar los haberes de los ministros y funcionarios.

"Había existido una operatoria marginal a la contabilidad del Estado" concluyó en aquella oportunidad Ballestero quien también procesó a la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo a quienes imputó por peculado y administración fraudulenta.

En la misma resolución, Ballestero dictó la "falta de mérito" para procesar o sobreseer a los ex ministros Domingo Felipe Cavallo y Elías Jassan, de Economía y de Justicia, respectivamente; y al ex secretario de Industria Juan Schiaretti; entre otros.

De acuerdo a las normas procesales, una vez finalizada la ronda de indagatorias -se estima que el fiscal Pollicitta pedirá que se le amplíe al ex titular del Palacio de Hacienda- el juez tiene diez días para resolver las situaciones procesales de los indagados.

En esa oportunidad, Ballestero tendrá que optar entre procesar a los indagados si los encuentra "prima facie" responsables; sobreseerlos si los considera ajenos a las maniobras o dictar la intermedia "falta de mérito".

Fuente: Télam