La empresa, según consignó la ADC, sostiene que "las leyes nacionales de protección de las personas con discapacidad sólo obligarían a adecuar las estaciones del subterráneo que se construyan en el futuro, pero no respecto de las existentes".

La ADC impulsó la acción de amparo patrocinando a una persona discapacitada que utiliza una silla de ruedas para movilizarse y que padece los obstáculos arquitectónicos para acceder al subte.

En primera instancia, la acción de amparo obtuvo un fallo favorable que ordenó a Metrovías y al Estado Nacional que en un plazo de 6 meses "provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes" para la readecuación de las estaciones de subte.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland hizo lugar en junio pasado a la acción de amparo presentada por la discapacitada Antonieta Aviani y en la resolución ordenó también a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) "fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías".

"No puede admitirse que, en los hechos y por obra de la sencilla y sutil cabriola del no hacer, se desvirtúe el espíritu y la letra del derecho normativamente reconocido", dijo la jueza en su fallo.

Metrovías había apelado fuera de término aquella resolución, pero ahora el recurso fue aceptado y pasó a estudio de la Sala Primera de la Cámara, integrada por los jueces Néstor Buján, Pedro Coviello y Bernardo Licht.

La concesionaria, además de señalar que la legislación no la obliga a adecuar el servicio de las estaciones ya existentes, recordó que "dichas normas no establecen la obligación de instalar ascensores" y argumentó que "es el Estado Nacional, y no Metrovías, el que debe ocuparse de la adecuación de las estaciones".