El fiscal Jorge Alvarez Berlanda solicitó la pena por los delitos de "asociación ilícita agravada, tormentos, privación ilegal de la libertad agravada y reducción a la servidumbre", en el marco de la causa en la que está acusada la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.

El pedido de condena, en una causa que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo y que tramita con el código procesal vigente hasta 1992, que no contemplaba la instancia oral para los juicios, abarca a Nicolaides, Julio Simón (alias "el Turco Julián"), Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Luis Arias Duval, Santiago Hoya y Juan Carlos Gualco.

Todos están acusados por secuestros, torturas y desaparición de militantes montoneros que regresaron a la Argentina en plena dictadura para intentar la reagrupación y reanudación de las acciones guerrilleras.

Los abogados de la querella, entre ellos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también pidieron para los represores 25 años de cárcel.

En su alegato, el fiscal invocó a las películas "La noche de los lápices", "La historia oficial", "Z" y "Missing", las cuales "no han podido contar estos hechos, ya que es muy difícil mostrar con el lenguaje del cine las imágenes que miles de personas han vivido como protagonistas de una película en cuyo casting no habían participado".

"El guión se comenzó a escribir el 24 de marzo de 1976 y sus autores no eran los más indicados para blandir una pluma con tinta, ya que eran, al decir de León Gieco, 'hombres de hierro que no escuchan la voz'", añadió Alvarez Berlanda.

Para mañana están previstos los alegatos de las defensas, entre ellas la de Nicolaides, ejercida por el abogado Alejandro Zeverín Escribano. El proceso se desarrolla en el Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550 de esta capital, donde fueron juzgadas las juntas militares en 1985.

El CELS recordó que el Batallón 601 "coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del Ejército a lo largo del país, en estrecho contacto con las fuerzas represivas de países vecinos".

Detalló además que Arias Duval era jefe de la Central de Reunión y del grupo de tareas 2; Guerrieri, jefe de operaciones; Gualco, jefe de la división Inteligencia General Subversiva, y Fontana y Roldán, miembros de la Central de Reunión, mientras Hoya era agente civil de inteligencia y Simón, policía.

Los acusados están imputados por los secuestros de cinco militantes montoneros que permanecen desaparecidos: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carvajal, Lía María Guangiroli y Ricardo Marcos Zucker.

La investigación estuvo en principio a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien en el marco de la causa ordenó las detenciones de los ex jefes montoneros Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja. Pero los ex jerarcas guerrilleros fueron liberados y el juez fue apartado de la causa por la Cámara Federal.

Bonadío había sustentado la teoría de que Perdía y Vaca Narvaja habrían sido también responsables del destino de los militantes montoneros por haber impulsado la operación de "contraofensiva" cuando la dictadura estaba en su apogeo.