Es una batalla crónica que tiene, casi desde siempre, un mismo ganador: los jueces, que siguen exentos de pagar impuesto a las ganancias. Algo tan simple, esencial y necesario para nutrir al Estado como pagar un tributo general, no existe para Sus Señorías. En la última década y más también, hubo sucesivos intentos políticos y de parte de organizaciones del ámbito judicial, por derribar un privilegio que ya dejó de existir en la mayoría de los países. Pero no hubo caso. Cristina Fernández, vuelve a la carga con el tema, quizá más explícitamente que sus antecesores, al punto de haberlo convertido en uno de los pocos anuncios de su agenda. La nueva presidenta se encontrará ante un escenario curioso: la ley vigente obliga a los magistrados a pagar, pero el sistema acata una acordada de la vieja Corte Suprema que la declaró inaplicable a los jueces y secretarios. La AFIP no les cobra y hasta en la ley de presupuesto figura cuánto se ahorran: serán 149,4 millones de pesos en 2008.

“Espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie de igualdad tributaria, que no haya ninguno que no paga impuestos”, dijo ayer la Presidenta. ¿Qué tendría que pasar para que los jueces tributen? ¿Hace falta una nueva ley? ¿Un gesto de la Corte? ¿Una iniciativa de la AFIP? La respuesta varía según quién la responda.

En 1936, el asunto ya se discutía con vigor. La Corte de entonces, con conjueces, sentenció en un caso resonante que, según la tradición, el impuesto afecta la intangibilidad de los salarios de los jueces que fija la Constitución. Es el mismo argumento al que en este siglo apela la Asociación de Magistrados, representante de la corporación. Con una salvedad: su titular, Ricardo Recondo, dijo días atrás que aceptarían el pago siempre que “no haya rebajas en los sueldos”. De lo contrario, señaló, podría leerse como una “presión para que renuncien”. Recondo dijo ayer a Página/12 que la entidad por ahora no dirá más nada.

La teoría de la intangibilidad fue eje de la acordada de la Corte de Julio Nazareno que, en 1996, intervino de oficio para invalidar la ley del Congreso que unos días antes había derogado la exención del pago de ganancias para los jueces. Según los supremos era inconstitucional. Lo que defendían, dijeron, no era “un privilegio” sino “una garantía” para su “independencia”. La ley (24.631) está vigente. Por ella, de hecho, los legisladores comenzaron a tributar.

Excepto Carlos Fayt –que firmó aquella resolución– los actuales jueces de la Corte se han pronunciado a favor de pagar ganancias. Lo hicieron en declaraciones o audiencias públicas, pero cuando tuvieron un caso por resolver se excusaron por tener interés directo, excepto Carmen Argibay. La jueza, con una mayoría de conjueces, falló en 2006 a favor de un juez jubilado de San Juan que se quejaba porque le descontaban el impuesto, pero dejó una puerta abierta para decir otra cosa en una próxima ocasión.

En el máximo tribunal, es evidente, preferirían que el intríngulis tenga una solución política, a través del Congreso. Ayer, a la salida del acto de traspaso de mando, Raúl Zaffaroni dijo que el Congreso debería sancionar una ley. La idea de fondo es que una nueva norma debería fijar sobre qué base impositiva tendrían que pagar los jueces.

En 2004 tuvo media sanción del Senado una ley –con apoyo de diversas fuerzas políticas– que establecía que la base imponible saldría del sueldo básico, pero excluiría ítem como la antigüedad y el desarraigo. La Corte, por entonces, avanzó en conversaciones con la Cámara de Diputados y cuando todo apuntaba a que la ley tendría aprobación, el tribunal le dio un aumento a los jueces para “compensar” el futuro descuento. El proyecto, al final, perdió estado parlamentario.

Antes, durante y después de aquel intento, las ONG agrupadas en el documento “Una Corte para la Democracia” le plantearon al alto tribunal que “ponga fin a este privilegio que olvida que los jueces también son ciudadanos para avanzar en la recuperación de un poder judicial legítimo”. Entre las firmantes figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Son las mismas que promovían el recambio y la reducción de la Corte, que el Gobierno luego promovió.

“Lo más adecuado para evitar un conflicto de poderes sería que la Corte derogue su vieja acordada como mensaje hacia el Poder Judicial. Lo mismo debería hacer el Procurador General ya que los fiscales y defensores fueron beneficiados con una disposición especial”, dijo Andrea Pochak, directora adjunta del CELS. “No creo que haga falta una nueva ley. Estamos hablando de un impuesto general que, precisamente por ser para todos igual, no viola la intangibilidad. Es más, si la AFIP quisiera, podría salir a cobrarlo”, enfatizó.

“No veo por qué para el Poder Judicial la base impositiva debería ser distinta. Entiendo que no hace falta ninguna ley para que los jueces tributen”, coincidió el jurista Daniel Sabsay. “Desde el punto de vista constitucional la base es la igualdad para todos los habitantes. La intangibilidad es una suerte de inmunidad, pero sólo se violaría si se fijara, por ejemplo, un impuesto específico para los jueces, que de ese modo los someta a presión o un cierto criterio, poniendo en juego la independencia. No es el caso”, agregó.

Pochak dice que, en rigor, una acordada de la Corte ni siquiera es una herramienta válida para anular una ley, como igual ha sucedido de hecho. “Es muy fuerte la defensa corporativa de los jueces, que a toda costa buscan preservar un mayor nivel de ingresos”, advierte la abogada. Sabsay se suma: “A tal punto pretenden conservar el monto de sus erogaciones que algunos dicen que por no poder tener otra fuente de ingresos siendo jueces están por encima de la obligación de pagar impuestos”.

En los últimos días, desde que se reavivó la discusión, se escucharon toda clase de fórmulas para que los jueces paguen ganancias sin sufrir en exceso: que les den un aumento salarial previo; que –como otrora proponía el diputado saliente Jorge Vanossi– se aplique el impuesto sólo a los jueces nuevos y se excluya a los viejos, o que para el Poder Judicial el órgano de control impositivo no sea la AFIP (que es un ente gubernamental) sino otro, como la propia Corte. Según la ley de presupuesto en los últimos años la recaudación de funcionarios judiciales hubiera sido: 113 millones en 2006, 135,8 millones en 2007 y para 2008 será 149,4.