Para el PO, los ministros del Interior y Justicia, Florencio Randazzo y Aníbal Fernández, respectivamente, recurrieron a un "procedimiento miserable" al señalar a José María Escobar, militante partidario, como quien detuvo e incendió vagones.

"Las acusaciones de los ministros Randazzo y Aníbal Fernández contra un militante del PO son infames", expresaron en un comunicado los dirigentes Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.

En tal sentido, anunciaron que iniciarán "acciones legales" contra los funcionarios debido a que fueron víctimas, según dijeron, de "injurias oficiales".

El Partido Obrero consideró que con la acusación realizada el gobierno busca evadir su "completa responsabilidad", al igual que el grupo empresario Cirigliano, "en el desquicio del sistema ferroviario".

Por su parte, la agrupación Quebracho también respondió a las acusaciones del gobierno y aseguró que sus militantes no participaron en los disturbios, que fueron provocados, según dijeron, por "miles de usuarios del ferrocarril hartos de viajar en condiciones lamentables".

"Desde el gobierno se pretende acusar a organizaciones políticas por esta reacción popular. Desde Quebracho desmentimos públicamente que integrantes de nuestra organización hayan participado de los hechos", expresó un comunicado.

Al respecto, destacó que los disturbios surgieron de la "razonable, previsible y legítima reacción de miles de usuarios del ferrocarril que están cansados de llegar tarde a sus trabajos, de perder el presentismo y de viajar hacinados".

Quebracho calificó de "lamentable el servicio" de trenes que brindan las empresas concesionarias, que reciben "más de 11 millones de pesos mensuales como subsidio".

"El gobierno nacional necesita buscar culpables, pero el único culpable de esta situación es el propio gobierno que sostiene la privatización de los ferrocarriles, mantiene los negociados con las empresas privatistas y que anuncia la construcción de un tren bala", finalizó la agrupación.