Ayer, el Senado por 46 votos a favor y 21 en contra convirtió en ley el proyecto de reestatización de las líneas aéreas, y al respecto Basteiro, vinculado al gremio de Asociación de Personal Aeronáutico (APA), dijo que "en ningún momento" dudó acerca del "voto favorable" de la mayoría de los legisladores.

Explicó que los legisladores ahora deberán esperar el plazo previsto de alrededor de 60 días hábiles para que el Tribunal de Tasación determine el valor de las empresas; mientras que el Grupo español Marsans recurriría ante un consultor internacional.

"El precio final para la compra de las acciones lo fija el Congreso", reafirmó el diputado, en alusión a lo estipulado por la ley que se sancionó.

"Creo que podemos llegar a pagar un precio justo para comprar la empresa. Para mostrar que somos generosos, tal vez ofrezcamos el doble de lo que en su momento pagó Marsans, incluso podría ser hasta 5 euros", dijo Basteiro con sentido irónico, ya que cuando Marsans compró las acciones a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en octubre de 2001, lo hizo simbólicamente por 1 euro, tomando la deuda.

En la nueva ley que deberá sancionar el Congreso, "se tiene que poner en claro el valor de la deuda, limpia de polvo y paja".

Explicó que hay una deuda operativa, que viene de los propios costos de operatividad como combustible, salarios y mantenimiento, sobre la que Aerolíneas "se puede autofinanciar"; y hay otra parte que es la "deuda exigible".

"En el caso de la deuda exigible hay que analizar por un lado lo que se contrató con los proveedores, hay que comprobar si dieron bien la prestación; y por otro lado hay que prestarle atención a una deuda constituida con dudosa intencionalidad", en alusión a autopréstamos y créditos bancarios en Europa.

Consultado sobre la posibilidad de una expropiación de la empresa, Basteiro sostuvo que "quizás termine siendo una expropiación si las partes no se ponen de acuerdo"; pero aclaró que eso se haría "una vez que se agoten todos los mecanismos administrativos existentes".

Basteiro desconfió de que Marsans decida acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), como advirtieron sus representantes, porque para hacerlo "uno tiene que ser prolijo".

En la próxima ley se determinará no sólo el precio, sino también la condición de la empresa y cómo será su operación comercial, y para ello "no habrá necesidad de un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo -afirmó Basteiro-, ya que la propia ley plantea el esquema a seguir".