El proyecto del Ejecutivo porteño sostiene que "es posible disminuir el número de personas heridas o muertas durante las detenciones mediante el correcto uso de armas electrónicas de incapacitación motora no letales como uno más de los nuevos elementos que la tecnología pone a nuestro servicio y favor". Por ello, pide el permiso para la utilización de esas arma, pero aclara que serán "en caso de legítima defensa, propia o de terceros o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas o para evitar la comisión de un delito".

Advierte, además, que su implementación se dará en "forma seria y responsable y en el marco de las previsiones de la ley y en claro respeto de los principios constitucionales que rigen todo su accionar, en especial, el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos de la ciudad".

La propuesta del Ejecutivo comenzará a ser discutida en las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura, según confirmaron fuentes parlamentarias. La propuesta surge tras el fallo de la Justicia que prohibió el uso de los dispositivos eléctricos por parte de los efectivos de Metropolitana en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad que consideraba consideraba a las Taser X-26 como "un elemento de tortura".