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Un comunicado firmado por el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, el judicial Julio Piumato, indicó que "los últimos casos descubiertos en la provincia de Buenos Aires de sometimiento a la esclavitud y trata de personas por parte de empresas rurales, que afecta a humildes trabajadores temporarios, representa una consecuencia aún no resuelta de décadas de explotación". Agregó que esa explotación "se ha producido al calor de las políticas neoliberales, lo que puso al descubierto el desprecio de la condición humana de los grupos económicos y las familias oligarcas vinculadas con la explotación agropecuaria".

Piumato sostuvo que la situación demuestra "el comportamiento de los medios oligopólicos, que silencian esas condiciones de explotación mientras ponen el grito en el cielo cuando los sindicatos como camioneros y Moyano actúan de manera preventiva para evitar la explotación de los afiliados". Reseñó que ello ocurrió en "el caso de Siderar o con el personal de las cooperativas truchas de distribución de diarios".

"A los casos de San Pedro se sumaron los de Ramallo en el kilómetro 195 de la ruta 9, donde unos 120 trabajadores santiagueños eran sometidos a esclavitud y padecían condiciones horrorosas de labor", puntualizó la central sindical. Subrayó que fue "la CGT filial Ramallo la que alertó a la secretaría de Derechos Humanos de la central sindical, que verificó la verosimilitud de la denuncia y se comunicó con el fiscal Rubén Giagnorio, pasando así la causa a la órbita federal".

Piumato aseveró que la fiscalía federal de San Nicolás, a cargo de Paula Moretti, actuó de manera "inmediata y eficiente", desbaratando "la maniobra delictuosa de la empresa Sugas Ager S.A. en el campo Santa Celestina, en apariencia propiedad de miembros de la familia del ex fiscal Pablo Lanusse". El sindicalista también elogió "la eficiente tarea de la Gendarmería Nacional bajo el mando del comandante Muñoz, quien auxilió eficientemente la labor de la justicia". La causa quedó radicada en el juzgado de Villafuerte Russo.

La CGT criticó su actitud, ya que -según Piumato- "se apersonó durante el procedimiento y departió de forma risueña con el ex fiscal Lanusse y su primo, el supuesto propietario, a pesar de semejante explotación y avasallamiento de los derechos humanos". illafuerte Russo fue el magistrado interviniente en la nunca esclarecida causa de la muerte de Carlos Menem y fue denunciado por todos los organismos de derechos humanos y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por demorar las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. >Piumato reseñó que "ese juez también tiene a su cargo las causas de Luis Patti, de la muerte del obispo Ponce de León, de los cortes de rutas de la oligarquía sojera y de las muertes por incendios dolosos de los sojeros en la Panamericana, ninguna de las cuales tuvo avances ni responsables porque, la estrategia, es dormirlas para que prescriban".

El sindicalista concluyó asegurando que continúan los procedimientos en Ramallo y zonas aledañas y que la CGT analiza realizar nuevas denuncias, en tanto solicitó que hechos similares o cualquier forma de explotación sean comunicados de inmediato a [email protected].