Macri y otra maniobra para no declarar por la UCEP

Después de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se excusara dos veces para evitar la indagatoria por la patota que expulsaba a los golpes a las personas en situación de calle y de que la Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal ratificará la decisión, ahora los abogados del candidato a la reelección presentaron una medida para que se aparte al juez de instrucción Facundo Cubas por "falta de imparcialidad". Se resolverá el próximo lunes.

El planteo de "falta de imparcialidad" y fue desestimado por el magistrado. Esa decisión fue apelada y ahora será la Cámara quien deberá resolver sobre la presentación.

Cubas arrastra varios episodios dilatorios a la hora de indagar al imputado jefe de Gobierno. Macri ya fue citado dos veces por Cubas, pero argumentó que tenía un acto electoral en la provincia de Buenos Aires y un viaje al exterior los mismos días que habían sido fijados para las respectivas audiencias.

El sumario por supuestos maltratos de la UCEP se inició en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Beatriz Parada. En la causa, en la que también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex integrantes de esa cartera.

Se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los integrantes de Espacio Público imputados está el ex coordinador de la patota Matías Lanusse y Luis “El Tano” Savoiardo, quien oficiaba de jefe operativo del grupo que rondaba por las noches para perseguir a las personas sin techo.

La UCEP había sido creada ese año a través del decreto 1232 para "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".

Las pruebas que contiene el expediente van desde videos sobre los operativos que efectuaban en las calles y documentación incautada en un allanamiento. Las denuncias tomadas a indigentes en la Justicia ordinaria y en la Defensoría del Pueblo porteña no se compadecen con el enunciado del decreto firmado por Macri, Piccardo y el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

El Juzgado Nº 49 unificó todas las denuncias, como una que realizó Carla Baptista, la embarazada y madre de cinco hijos que resultó golpeada la madrugada del 1º de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. Su caso tuvo repercusión pública porque la mujer sufrió desplazamiento de placenta y corrió riesgo de perder el embarazo.

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