Diego Pirota pidió la nulidad del procedimiento ya que el fiscal Carlos Rívolo, quien solicitó el allanamiento al juez Daniel Rafecas, se basó en la declaración jurada de 2010 de Boudou, en la que éste reconocía que el departamento estaba alquilado, pero la ley de ética pública establece que ese tipo de declaraciones solo se puede usar en casos de enriquecimiento ilícito, cosa que no se discute en la causa Ciccone. En su presentación, el letrado resaltó que la Justicia no conocía que el inmueble estuviera alquilado, y para allanar la casa del vicepresidente de la Nación se requiere una autorización del Senado, que tampoco existió.