Sobre la condena de parte del parlamento paraguayo que responsabilizó a Lugo del desalojo de campesinos en Curuguaty, que la semana pasada dejó un saldo de 18 muertos, el CELS calificó la acusación de "intencional manipulación política" de los hechos que, "en lugar de permitir una investigación que determine responsabilidades, constituye un intento de golpe de estado encubierto".

"Un quiebre institucional de estas características, lejos de ser una solución, agrava las circunstancias que provocaron el episodio" por el que fue juzgado el mandatario. "Tras los hechos de Honduras en junio de 2009 (el golpe contra Manuel Zelaya) y el frustrado golpe en Ecuador, en octubre de 2010, este quiebre institucional en Paraguay implica un nuevo retroceso para las democracias de la región y refuerza a sectores que desdeñan el Estado de Derecho que tanto costó recuperar, y las conquistas sociales iniciadas por el gobierno de Lugo", sentenció el comunicado.