Martes, 14 de agosto de 2012 | Hoy
El máximo tribunal citará a mediados de septiembre a representantes de la Nación y de Córdoba atendiendo el reclamo presentado por el gobernador José Manuel de la Sota en demanda al Estado por una deuda previsional de mil millones de peso. La decisión de la Corte se dio a conocer poco después de que uno de sus integrantes, Eugenio Zaffaroni, planteara que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y Santa Fe son de "raíz política" y por ende debían dirimirse en una mesa de negociación.
En este contexto, la semana pasada, la Legislatura cordobesa resolvió, a pedido del mandatario local, dejar de girar el 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables destinados al financiamiento de la ANSES, acordado en agosto de 1992 dentro del Pacto Fiscal. Las provincias aportan un total de 23.600 millones de pesos a los 40 mil millones que conforman la base del sistema previsional.
"El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro, nosotros con una sentencia no podemos resolverlo", alegó Zaffaroni. La postura del magistrado fue criticada por el excandidato a presidente del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, quien se preguntó con ironía si las provincias debían recurrir "a la Luna".
Precisamente, Binner, cuando era gobernador de Santa Fe, también recurrió a la Corte Suprema por entender que la validez del Pacto Fiscal había caducado en 2005, pero las audiencias no prosperaron porque no concurrió el representante de la Nación, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos estableció en 1988 que de la masa de recursos total se destine el 42,34 por ciento a la Nación, el 56,66 por ciento a las provincias y un 1 por ciento a los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
El Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992 respetó esos porcentajes, pero estableció que antes del reparto se destinara el 15 por ciento de la masa coparticipables al sostenimiento del sistema previsional, en atención a que por entonces se planeaba transformar el régimen de reparto en uno de capitalización, algo que ocurrió en julio de 1994.
De ese 15 por ciento, las provincias aportan 8,499 puntos y la Nación los 6,501 restantes, pero en este último caso representa una transferencia dentro del mismo Estado Nacional. Desde que el sistema previsional volvió a ser íntegramente estatal a partir de noviembre de 2008, existen dos posiciones acerca de cuál debe ser el destino de ese 15 por ciento.
Una postura entiende que los recursos deben volver a las provincias porque ya no está vigente la razón del aporte, que era la financiación de la transición de un sistema previsional a otro. Pero desde la Nación se advierte que en el Pacto Fiscal se hace referencia al "sostenimiento del sistema previsional" sin especificaciones y además se hace mención a "otros gastos operativos".
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