El juez había detenido y procesado a Cirino --dedicado en democracia a ser asesor en temas de seguridad-- por su presunta participación en los crímenes, también en el marco de aquel operativo de Montoneros, pero el magistrado indicó que aunque el imputado cumplió funciones en "una estructura intrínsecamente ilegal" no podía atribuírsele "responsabilidad penal" en los hechos investigados para "dictarle una condena".

Lijo sí encontró elementos para condenar a diez años a los agentes Somoza y Baca, quienes formaron parte de la Central de Reunión del Batallón 601, que tenía a cargo un "Grupo de Tareas" periférico que recolectaba información. Ambos fueron responsabilizados por lo ocurrido con Silvia Tolchinsky, detenida el 9 de septiembre de 1980 en la provincia de Mendoza, privada ilegalmente de su libertad y sometida a torturas y tratos humillantes, hasta que en el año 1982 fue liberada y logró salir del país con un pasaporte falso.

El magistrado señaló que los condenados operaron "bajo los seudónimos de 'El Negro Boye' y 'César Segal' y que fueron reconocidos" por Tolchinsky como sus interrogadores. Además, señaló que Baca "fue una de las personas encargadas de trasladarla a Campo de Mayo".

En 2007, la causa de la "Contraofensiva Montonera" fue la primera que llegó a juicio tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.Tramitada por el viejo Código Penal (que preveía procesos escritos), el juez Lijo condenó a 25 años de cárcel al exjefe del Ejército Cristino Nicolaides y dispuso penas de entre 20 y 25 años para otros siete represores.