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El Partido Socialista (PSOE) de España recurrió ante el Tribunal Constitucional la limitación de la Justicia Universal que impulso el Partido Popular (PP) del presidente Mariano Rajoy en el Parlamento. La reforma legal "ahoga, estrangula y destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país", dijo la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, tras presentar el recurso.

La ley se aprobó en el Parlamento con los únicos votos del PP, tras las presiones y amenazas diplomáticas de China por la investigación por genocidio en el Tíbet de su ex presidente Jiang Zemin abierta en la Audiencia Nacional.

"Estoy absolutamente convencida de que este recurso va a prosperar pues, como han dicho los jueces y las organizaciones de fiscales y de derechos humanos, la ley viola convenios internacionales firmados por el Estado español y atenta gravemente contra la reputación de nuestro país", dijo Rodríguez.

La nueva ley deja casi en papel mojado el principio de Justicia Universal sobre el que hasta ahora se investigó en España crímenes de lesa humanidad cometidos en países que se no querían abordarlos. La reforma condiciona ahora las investigaciones a que víctimas y responsables tengan la nacionalidad del país. Los presuntos criminales pueden ser también perseguidos si residen en España.

Una de las críticas hacia le modificación es que está propiciando la excarcelación de presuntos narcotraficantes extranjeros capturados en aguas internacionales. De todas maneras, aunque la propuesta de modificación del PP no alcanzaría a los ciudadanos españoles, los poderes Ejecutivo y Judicial están negando aplicar ese principio para avanzar en la investigación que lleva adelante la jueza argentina María Servini de Cubría por las denuncias de los crímenes franquistas.

La reforma ha recibido las críticas de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional española, que hasta ahora se han negado a cerrar, tal y como pretendía el gobierno de Rajoy con la nueva ley, la decena de investigaciones abiertas por delitos de lesa humanidad. El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, quien fue presidente de la Audiencia Nacional, se unió hoy a las críticas judiciales: "No es concebible que un genocida se pasee por las calles de Madrid y no pueda ser detenido", dijo.