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La Casa Rosada sacó a la AFIP a la cancha. En la disputa por el negocio del fútbol, el organismo recaudador ingresó para respaldar la posición oficial por el control de la AFA, el financiamiento de los clubes, el reparto de los fondos de las transmisiones televisivas y el desembarco de las sociedades anónimas en el deporte más popular del país. En el marco de esa puja, donde el Gobierno no termina de hacer pie con sus interlocutores, la autoridad fiscal dio a conocer la existencia de deudas impositivas por 137 millones que acumulan clubes de primera división entre los que figuran Boca, River, Huracán, Tigre, Rosario Central y la AFA. Aunque ese listado fue cuestionado por algunos clubes. La AFIP informó, además, la presentación de diez denuncias penales este año contra dirigentes de Racing, Estudiantes, Atlético Rafaela, Independiente, Gimnasia La Plata, Unión, Olimpo, San Lorenzo, Colón y, nuevamente, la AFA. Las acciones judiciales por retenciones sobre el Impuesto a las Ganancias no ingresadas suman 120 millones de pesos que, en algunos casos, ya fueron canceladas en forma parcial o total.

Junto con la exposición de las denuncias y pasivos millonarios que acumulan los distintos equipos, la autoridad tributaria aseguró que el esquema diferencial para el pago de los aportes y contribuciones correspondientes a los jugadores “desfinancia a toda la seguridad social”. Durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el titular de la AFIP advirtió que el costo fiscal de ese beneficio ascendió a 1346 millones de pesos desde 2003. El esquema representa alrededor de 100 millones de pesos por año, aunque esa cifra no fue detallada por Abad durante su exposición. El monto es significativamente inferior a lo que pierde de recaudar el Estado por la quita de retenciones al sector agroexportador o las exenciones impositivas a los jueces. El régimen diferencial acusado de poner en riesgo la sustentabilidad de la seguridad social reduce las alícuotas del 31 a 7 por ciento y fue instalado durante la primera etapa de Abad al frente del organismo, a través del decreto 1212 de mayo de 2003, con el objetivo de ordenar las deudas de los clubes. En la autoridad tributaria aseguran que no es una contradicción cuestionar ese esquema ya que “su costo creció significativamente ante la caída en las ventas de entradas o la merma en los montos de las ventas de jugadores, dos componentes de la base imponible”.

Insertada en la puja de poder y negocios que atraviesa al universo futbolístico, además de difundir las acciones judiciales iniciadas para cobrar impuestos adeudados por los clubes, la AFIP expuso sus propuestas para modificar ese “costoso” régimen. Entre las posibilidades evaluadas que informó Abad figuran el aumento progresivo de las alícuotas o la ampliación de la base imponible incorporando el pago de los abonos de los socios, los partidos de la selección en el caso de la AFA, las publicidades y los sponsors. El año pasado las anteriores autoridades del organismo ya habían comenzado a evaluar cambios en el régimen para ampliar la recaudación. Cualquier modificación debería hacerse por decreto.

Como se trata de una disputa en curso que excede el alcance de ese sacrificio fiscal, no existen plazos de implementación. Si Abad estuvo a cargo de las precisiones técnicas, el Secretario General de la Presidencia fue el encargado de transmitir públicamente el mensaje político para los clubes: “La dirigencia del fútbol tiene que entender que los argentinos hemos votado un cambio, queremos más transparencia, institucionalidad, un sistema justo y equitativo, sin beneficios discrecionales y sobre todo que de una buena vez se termine con el manejo mafioso que ha tenido el fútbol en los últimos años”, expresó De Andreis, que estuvo acompañado en el evento por el director de Fútbol para Todos, Fernando Marín. De Andreis aprovechó la conferencia de prensa para confirmar que el 1º de enero termina Fútbol para Todos, pese a las promesas electorales (ver aparte).

Durante su recorrido por las deudas impositivas acumuladas por los clubes y las acciones judiciales iniciadas contra los dirigentes a lo largo de los últimos años (por eso figuran entre los denunciados ex presidentes de los equipos), Abad indicó que existe otra decena de entidades pasibles de ser denunciadas con irregularidades similares por otros 100 millones de pesos. Gran parte de esas deudas podrían ingresar en la moratoria habilitada hasta el 31 de marzo.