Uno de los voceros del grupo de ambientalistas, Jorge Fritzler, afirmó que las versiones acerca de posibles ataques a la planta son "comentarios que andan por todos lados". A su vez, el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, esas "amenazas" fomentan la posibilidad de llevar adelante actos de carácter "terrorista".

El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Reinaldo Gargano, dijo este lunes en una rueda de prensa que esas "amenazas" revisten un carácter delictivo, porque fomentan la posibilidad de llevar adelante actos de carácter "terrorista".

"Aludían a que Botnia deja de ser una empresa para convertirse en una zona de impacto, amenazando con volar la planta", comentó. "Volar una fábrica o comentar la voladura de una fábrica es un acto de carácter terrorista", manifestó Gargano luego de la reunión que habitualmente sostiene los lunes el gabinete ministerial uruguayo con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia oficial del mandatario, de acuerdo a la agencia.

En declaraciones publicadas este lunes por el diario "La República" de Montevideo, uno de los voceros del grupo de ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, Jorge Fritzler, afirmó que las versiones acerca de posibles ataques a la planta de Botnia en Uruguay son "comentarios que andan por todos lados".

Aseguró que no sólo son argentinos los que proponen atentar contra las instalaciones de esa planta, ubicada en las afueras de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, y que hay "muchos grupos de uruguayos y argentinos" que plantean ese tipo de propuestas.

Grupos ambientalistas de la provincia argentina de Entre Ríos mantienen cortado desde hace más de dos años el paso a través de algunos puentes que unen a su país con Uruguay.

Según informó Gargano, el gobierno uruguayo le pedirá a la administración de Argentina, a través de la Embajada de ese país en Montevideo, o directamente a la Cancillería, que actúe ante ese tipo de manifestaciones.

En el Consejo de Ministros, el canciller uruguayo evaluó la posibilidad de presentar una demanda ante el tribunal de controversias del Mercosur o adjuntar un reclamo al proceso que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia en torno al diferendo por la construcción de la planta de Botnia en Fray Bentos.

Ese proyecto industrial en Uruguay es resistido por el gobierno argentino y pobladores de la provincia de Entre Ríos. Sostienen que su instalación se produce sin haber recibido el aval de las autoridades de Argentina -lo cual es requerido por el estatuto del compartido río Uruguay- y advierten sobre posibles daños ambientales.

El gobierno de Uruguay alega que el proyecto de Botnia -que involucra inversiones por más de mil millones de dólares- sí fue aprobado por las autoridades argentinas y que los riesgos ambientales son acotados.

Fuente: Télam