“Hoy día en Chile hay un fuerte debate sobre la institucionalidad de la educación superior, por su reestructuración y por un mayor financiamiento a lo público”, dice Jenny Assaél, investigadora del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Universidad de Chile). Psicóloga y docente, Assaél observa que, detrás de la crisis actual (ver aparte), hay un sistema educativo que se ha convertido en “un campo de intereses económicos con muchos sectores involucrados”, producto de “un proceso de privatización creciente a partir de los ’80, en plena dictadura”, que luego “siguió en aumento” con los gobiernos socialdemócratas de la Concertación.

–¿Cuándo y cómo se inicia el proceso de privatización de la educación chilena?

–Antes de los ’80, en Chile el Ministerio de Educación manejaba la administración educativa y teníamos un 90 por ciento de educación pública con financiamiento del Estado. Desde el ’81, el sistema de administración pasa a manos de los municipios. Junto con esto cambia también el sistema de financiamiento, que empieza a pensarse a partir de la demanda. Los establecimientos educacionales se financian con un monto que se define por alumno. Si disminuye la matrícula, disminuye el financiamiento, y así empieza a funcionar en la educación la lógica del mercado, la demanda y la competencia.

–¿Qué diferencias hay en cuanto al financiamiento entre instituciones públicas y privadas?

–Ambas reciben el mismo financiamiento público. La diferencia es que las escuelas privadas pueden, además, cobrar a las familias. Y como si esto fuera poco, tienen un sistema exclusivo de elección de alumnos. Además, opera un Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce), que mide el aprendizaje de los estudiantes de modo estandarizado. Entonces empieza toda una campaña en la prensa donde los establecimientos públicos tienen malos resultados, cuando lo que sucede en realidad es que en la escuela municipal se concentra la población de mayor pobreza. El resultado es un sistema absolutamente segmentado, donde los colegios privados seleccionan a los alumnos con mayor nivel sociocultural y mejor rendimiento.

–¿Y esto qué consecuencias trae?

–Se pierde la democracia de lo público. Lo interesante es poder compartir con otro distinto de mí; en general, el aprendizaje se produce cuando hay heterogeneidad. Además, como el financiamiento del Estado central es insuficiente, algunos municipios, los más ricos, pueden completar el presupuesto de sus establecimientos, los otros no pueden aportar nada. No más de 20 municipalidades aportan a la educación, pero en total tenemos 350 municipios. Así, mientras que hasta 1990 aún teníamos alrededor del 75 por ciento de educación pública, hoy en Chile tenemos sólo 37 por ciento de la matrícula total en instituciones públicas, y lo que se prevé es seguir bajando, que el sector público llegue a ser de un 30 o un 25.

–¿Cómo podría revertirse este escenario?

–Es muy complejo. Es un problema de nuestro modelo de desarrollo económico y político. Se requieren cambios legislativos de fondo. Todavía estamos bajo la Constitución del ’80, donde priman los derechos privados y de mercado. La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) fue promulgada por (el dictador Augusto) Pinochet el día antes de dejar su cargo, en el ’90. Esta ley consagra lo iniciado en los ’80: municipalización, cambio en el financiamiento y privatización. Luego, en 2009, tras las grandes movilizaciones estudiantiles, se hace una reforma y la LOCE es reemplazada por la Ley General de Educación (LGE), cuyo primer proyecto parecía tener buenos principios, pero terminó siendo una ley peor que la anterior. Además, han salido nuevas leyes complementarias, que clasifican a los colegios de acuerdo con sus rendimientos: otra vez la lógica de mercado, que es regulada a través del premio, el castigo y el incentivo.

–¿Cuál es la situación de la educación superior pública?

–Empecemos diciendo que en Chile no existe educación superior gratuita. Las universidades públicas tienen que autofinanciarse, a través de la matrícula y aranceles que pagan los alumnos, porque el Estado les entrega, en promedio, un 12 por ciento. Hay un porcentaje de alumnos con becas, es verdad, pero muy bajo. También se puede acceder a un crédito con aval del Estado, pero con altas tasas de interés. Las universidades todavía reciben ciertos fondos públicos, que permiten financiamientos básicos del 20 por ciento, pero en realidad tienen que autofinanciarse, y lo hacen a través de la matrícula y los aranceles a los alumnos. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que las universidades públicas siguen siendo las más prestigiosas, pero ahí no llegan los sectores populares, o medios bajos, porque deberían pagar y no tienen capacidad de endeudamiento. El promedio que debe pagarse son 5500 dólares al año.

–¿Y en cuanto a la educación superior privada?

–Durante este proceso empezaron a sectorizar a las universidades: antes había sedes de la Universidad de Chile en todo el país, pero luego quedó radicada en Santiago, y sus sedes regionales se transformaron en universidades regionales, y así las fueron partiendo. Paralelamente, empieza el crecimiento desenfrenado de las universidades privadas, que en Chile prácticamente no existían. Había, sí, las tradicionales, la Universidad Católica, la de Valparaíso. La educación superior privada también recibe fondos públicos. El Estado entrega un aporte fiscal indirecto subvencionando a las universidades por número de estudiantes con altos puntajes en la prueba de ingreso a la universidad. Por otro lado, la educación técnica superior se privatizó completamente, se vendieron o entregaron en concesión a las empresas privadas. Y ahí no hay ningún subsidio del Estado, y ahí es donde va la gente que no puede ingresar a la universidad.

–¿Cuál es el debate central de la movilización estudiantil?

–Hoy día en Chile hay un fuerte debate sobre la institucionalidad de la educación superior, por su reestructuración y por un mayor financiamiento a lo público. Además, se busca revisar el sistema de ingreso a las universidades. Cuando se reemplazó la LOCE por la LGE, en 2009, se modificó sólo la educación formal, mientras que para la educación superior no hubo hasta ahora ningún cambio de legislación. Hay en este momento una movilización que no sucedía desde 2006, con la Revolución Pingüina.

–¿Qué lugar ocupan los docentes en el reclamo?

–Los docentes de nivel universitario están bastante desarticulados, no hay una organización única. Lo que sucede es que los profesores de la educación superior, en general, trabajan en muchas universidades, son profesores “taxi”. En los establecimientos privados, que son la mayoría, no hay ninguna estabilidad, tienen contratos por horas o a plazo fijo. Así nadie se sindicaliza, y se pierde la organización.

Entrevista: Agustín Saavedra.