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La Escuela Carlos Pellegrini cumple hoy cinco días de toma estudiantil, una semana sin clases ni actividades académicas. Los estudiantes mantienen la ocupación para exigirles a las autoridades del colegio y de la UBA –de la que depende la institución– que dos preceptores a los que acusan por situaciones de violencia sean separados de cualquier contacto con alumnos. El reclamo cuenta con el apoyo de padres y de un sector de los docentes –el gremio AGD–, mientras que otro sector –el gremio UTE-Ctera– rechaza las denuncias.

“Hicimos asambleas por turnos y ratificamos la toma”, contó a Página/12 Victoria, secretaria general del centro de estudiantes. “Las respuestas del rector (del Pellegrini, Leandro Rodríguez) no nos satisfacen. Queremos que esas dos personas no tengan más contacto con estudiantes, y el rector nos propone cambiarles sus funciones pero no nos garantiza que no vayan a tener contacto con alumnos.”

La medida de fuerza que comenzó el lunes pasado continuará al menos durante la jornada de hoy, cuando nuevas asambleas definirán si se modifica la modalidad de protesta para los próximos días.

El reclamo de los estudiantes apunta contra dos personas, los preceptores Héctor Gómez Mastrogiovanni y Fernando Jodara. Mastrogiovanni, que es delegado de UTE-Ctera, fue acusado en 2007 de haber agredido a dos alumnas del colegio. Se le abrió un sumario y en 2009 se lo suspendió por cinco días. Si bien no se dio por probada la agresión, el sumario concluyó –según difundieron estudiantes y docentes– que fue “responsable de negligencia en los deberes a su cargo, en un hecho por el que resultaron lesionadas física y psicológicamente dos alumnas a su vigilancia”. También docentes de AGD lo denunciaron por conductas intimidatorias y hostigamiento. El conflicto con Mastrogiovanni reflotó a fin de año, cuando la escuela y la universidad aprobaron su ascenso y designación como regente del turno tarde. El caso de Jodara es distinto: en 2015 fue acusado de haberle dado un beso a una alumna de segundo año sin su consentimiento. Por ambos casos, el centro de estudiantes –que es conducido por la agrupación independiente El Estallido– cuestiona a las autoridades del colegio por no atender correctamente situaciones que involucran violencia institucional y de género.

En ese contexto, el rector del Pellegrini llamó a “recrear el clima de clases y de normalidad, pudiendo recurrir a los espacios de diálogo que siempre han estado abiertos”. Mientras continúe la toma, Rodríguez dispuso que “ante la imposibilidad de garantizar el normal funcionamiento institucional y velar por la seguridad de lo estudiantes” se suspendan “todas las actividades académicas y administrativas hasta el levantamiento de la medida”. Sobre las denuncias concretas contra los preceptores, se refirió al caso de Mastrogiovanni y argumentó que hasta ahora “continuó sus funciones frente a alumnos ya que el resultado del sumario (realizado tras las denuncias de 2007) no implicó incompatibilidades para ello”. En las últimas horas, el rector mantuvo reuniones con el centro de estudiantes, con padres de alumnos, docentes y autoridades de la UBA, en busca de una salida consensuada.

El conflicto volvió a exponer las diferencias entre los dos gremios docentes con presencia en la escuela. Para UTE-Ctera, las denuncias contra Mastrogiovanni son parte de “una campaña de ataque orquestado, a través de la mentira, contra uno de nuestros más valiosos y queridos compañeros de trabajo”, según plantearon los dirigentes sindicales en una carta a la comunidad del Pellegrini. “El motivo de esta campaña persecutoria es claramente político y nada tiene que ver con la defensa de los derechos de los menores ni de violencia alguna”, agregaron, en alusión a la militancia del preceptor en UTE. Y responsabilizaron por eso a la Asociación Gremial Docente. En contraste, la AGD se solidarizó con los reclamos de los estudiantes y acusó a UTE de proteger a los preceptores denunciados. También apuntó contra el rector por su “inacción” frente a “hechos graves” que “ponen en riesgo” a estudiantes y docentes: “No puede garantizar la seguridad de los alumnos y trabajadores”, concluyó la declaración de AGD.