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La política laboral y social del gobierno del PRO no puede, por supuesto, separarse de una estrategia económica macro. Cuando se devalúa más del 50 por ciento, se quitan retenciones, se libera la exportación de alimentos, y se enfría la economía, se construye un contexto claro. Más allá de esto, se pueden enumerar puntos clave de la política social y laboral que se perfila a los cien días de mandato:

1) Despidos en el Estado. Obviamente, fueron mucho más allá de cargos y contratos políticos. Apuntaron a disciplinar a los trabajadores públicos y a reconfigurar la administración con personal propio.

2) La represión y el retiro de la mediación capitaltrabajo. Escenas de violencia policial y de la Gendarmería como la que sufrieron los trabajadores de Cresta Roja, muchos de los estatales despedidos o los empleados bancarios, nada más al iniciar sus conflictos laborales; o la política de hecho consumado cuando Siderca despide antes de negociar, son inéditas en los últimos doce años. La represión es paralela al paulatino retiro del Estado de los conflictos laborales más restringidos, a niveles descentralizados o de sindicatos de base. Cualquier seccional, comisión interna, o movimiento social, no importa si “interlocutor” legítimo o no para la ley sindical, supo en la última década que, ante un conflicto, siempre iba a obtener, al menos, una mesa de negociación. La sombra de los despidos y la represión hacen ahora la reacción de los trabajadores más difícil, la ausencia del Estado es el resultado más probable.

3) La eliminación de la agenda de derechos sociales y laborales. El gobierno anterior fue generando instrumentos para aquellos colectivos laborales más castigados históricamente: la Paritaria Nacional Docente, el Estatuto del Peón Rural, la ley de Trabajadoras de Casas Particulares, nuevas leyes orientadas a controlar el fraude en el trabajo eventual y la registración laboral, fueron todas formas de respaldar a los trabajadores más vulnerables. El problema del trabajo no registrado y precario, o temas pendientes como la tercerización fraudulenta o el control de los talleres clandestinos, salieron por completo de la agenda y el lenguaje del gobierno actual.

4) El congelamiento de la inclusión jubilatoria. El anuncio de la suspensión de la moratoria, combinada con el recorte de prestaciones del PAMI, socava uno de los pilares más importantes de la reconstrucción del Estado de Bienestar pos 2003.

Así, los despidos, la represión laboral macro y el retiro del Estado del conflicto micro, el vaciamiento de la agenda de derechos laborales y la desestructuración del sistema jubilatorio van tomando forma, aunque por caminos diversos. Mientras los despidos y los recortes jubilatorios resultan en titulares y anuncios “formales”, el retiro del Estado de la mediación en el conflicto capital-trabajo micro y la ausencia de una agenda de derechos laborales pendientes son parte de un proceso mucho más silencioso, que no exige una actitud proactiva de los funcionarios, sino simple pasividad oficial y dejar actuar al mercado. Las invocaciones al “pacto social” ya son historia, y las supuestas iniciativas sociales están, como en el tango, siempre llegando: la modificación del impuesto a las ganancias beneficia centralmente a los sueldos más altos y la de asignaciones familiares (única y aislada innovación) sólo alcanza a los trabajadores registrados de sueldos medios para arriba. Gotas en el mar para un gobierno que megadevaluó el día uno, quitó retenciones y controles a los bienes salario el día dos, y aumentó tarifas el día tres. Las únicas medidas sociales de impacto en estos 100 días fueron, en realidad, resultado de instituciones diseñadas en el gobierno anterior: movilidad jubilatoria y en la AUH, y el aumento en la Paritaria Nacional Docente.

Ante este panorama lo que se necesita es construir una nueva hegemonía antes de que la naturaleza de esta estrategia económica y socio-laboral excluyente socave las bases mismas de la convivencia democrática.

* Politólogo, ex subsecretario de Política Laboral del Ministerio de Trabajo.