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El gobierno nacional está subejecutando el presupuesto universitario en las partidas relacionadas con programas, becas e infraestructura. De acuerdo con un estudio realizado por la federación de docentes universitarios Conadu, las transferencias que la Nación debía realizar, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), para los “programas de mejoramiento de carreras, de voluntariado, de vinculación de las universidades con el nivel medio y de apoyo económico a estudiantes de menores recursos a través de becas”, representan apenas un 0,007 por ciento del total del presupuesto ejecutado al 31 de julio pasado. La casi totalidad de los recursos asignados fueron destinados a salarios y gastos de funcionamiento.

“La subejecución se concentra principalmente en el área presupuestaria destinada a los convenios, programas y proyectos a través de los cuales las universidades públicas llevan a cabo acciones relacionadas con (a) la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación superior, (b) el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas de la acción estatal, (c) el desarrollo, fortalecimiento y expansión del sistema”, indica el informe elaborado por Conadu.

“El presupuesto que se aprobó el año pasado preveía un 25 por ciento de inflación anual, pero la inflación hoy supera ampliamente el 40 por ciento. Si estuviera ejecutándose en tiempo y forma, el presupuesto seguiría siendo insuficiente”, dijo a Página/12 el secretario general de Conadu, Pedro Sanllorenti.

Al término del mes de julio, el gobierno de Mauricio Macri había ejecutado el 56,93 por ciento de los 57 mil millones de pesos previstos en el presupuesto de la educación superior.

Además del impacto de la inflación sobre los salarios, Sanllorenti advierte dos factores clave que alimentan el “desfinanciamiento” de la educación superior: el tarifazo a los servicios públicos (las universidades no fueron eximidas por la Corte Suprema del aumento del gas) y la paralización de los contratos-programa.

“Los contratos-programa –explicó– están sufriendo una paralización en su desarrollo, se están frenando las actividades ligadas a la puesta en marcha de nuevas universidades, a los colegios secundarios dependientes de las universidades y las carreras de reciente creación”.

Un dato que se destaca es “el deterioro progresivo de las condiciones laborales de docentes y no docentes, que perdieron un 12 por ciento del poder adquisitivo de su salario”, revela el documento. Este es uno de los motivos por el cual todos los sindicatos de profesores llamaron a parar mañana (ver aparte).

En febrero pasado –mediante el decreto 336– el Gobierno estableció la anulación de múltiples convenios entre los ministerios y las universidades públicas. Sin embargo, los fondos destinados a esos acuerdos ya habían sido aprobados para este año. Hay trece ministerios que han ejecutado menos del 15 por ciento correspondiente al total de recursos asignados. Entre esas carteras, hay cuatro –Cultura, Comunicaciones, Seguridad y Hacienda– que juntas reúnen cerca de 420 millones, pero no han destinado un solo peso al sistema universitario. También hay cuatro ministerios que han ejecutado menos del 44 por ciento del monto destinado al sector.

El informe detalla el ajuste que atraviesan los comedores estudiantiles y las residencias universitarias –con una demanda cada vez más grande, se aclara–; las obras de infraestructura que ya se habían planificado; los canales universitarios, que no están recibiendo los fondos previstos para su normal funcionamiento; muchas universidades no pueden pagar los alquileres de edificios en los que llevan a cabo actividades regulares de enseñanza. También se han interrumpido programas de becas –como las del Bicentenario, PNBU, Fines, Progresar– y, en otros casos, se han desactualizado sus montos.

La situación de los hospitales universitarios es “preocupante” por la “falta de recursos”, indica el estudio. La UBA es la única universidad que recibió una partida de emergencia destinada a su red hospitalaria.

El relevamiento sobre la situación presupuestaria de las universidades es el segundo informe de este tipo que realiza la Conadu en lo que va del año. “En el primer informe alertábamos sobre una situación que comienza a agravarse, –cerró Sanllorenti– y la tendencia en el corto plazo no parece que vaya a modificarse.”

Informe: Gastón Godoy.